Por más discursos desplegados en campañas políticas, ningún Gobierno ha podido resolver la enorme brecha que existe entre los más pobres y los más ricos en Panamá. Mientras hay niños que cruzan puentes colgantes para ir a sus escuelas con riesgo de perder la vida, hay funcionarios, como los diputados, que pueden comprarse un auto de más de cien mil dólares y encima, tener las prebendas de auxilios económicos por parte del Ifarhu
“[â¦] no se vislumbra una figura de autoridad que ponga orden en Panamá en todos los sentidos”
Una noticia aparecida en primera plana de un diario local parece indicarnos el carácter surrealista que distingue cada vez más a la sociedad panameña. Un joven de una comunidad (Azuero) es atrapado mediante un operativo de seguimiento por el delito de “robo de gallinas”. Estamos hablando de la misma sociedad panameña en la cual los delitos de alto perfil son disueltos y el cobro de millones en coimas por parte de una constructora transnacional no llegan a un resultado concreto, dejando en plena libertad a los actores involucrados. Actores a los que solo les basta invocar el concepto “persecución política” para que los cargos sean desestimados. Todo parece sacado de una novela de Kafka, como “dice la canción”.
Panamá parece acercarse cada vez más al perfil de lo que algunos investigadores sociales catalogan como “Estados fallidos”, donde no existe certeza de castigo para delincuentes de “cuello blanco” y, por el contrario, sí lo hay para los ciudadanos “de a pie”. En Panamá es conocida una frase que retumba en todos los confines del país istmeño: “la ley es para los tontos”. Y con este tipo de mensajes muchos quieren actuar precisamente al margen de la ley, puesto que las condenas, si es que “te atrapan”, suelen ser muy blandas.
De acuerdo a expertos en política internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), para que exista un Estado fallido deben darse ciertas condiciones, tales como la pobreza extrema y una enorme desigualdad social. Vemos cómo en nuestro país aumenta el número de privilegiados con salarios astronómicos, mientras que también aumenta el número de indigentes y personas que viven en zaguanes y debajo de los puentes elevados en pleno corazón de la ciudad.
También se mencionan en los estudios acerca de los Estados fallidos los altos niveles de corrupción en los Gobiernos, que parece ser una constante en casi toda Latinoamérica, región en la cual los partidos políticos solo parecen responder a los “apetitos” de los socios copartidarios, mas no a las necesidades de la población. Esto ha contribuido a que la figura de los partidos políticos, como componentes de la democracia, se vea cada vez más erosionada y las demandas ciudadanas se vean desatendidas. (Zapata. 2014. Flacso).
Por más discursos desplegados en campañas políticas, ningún Gobierno ha podido resolver la enorme brecha que existe entre los más pobres y los más ricos en Panamá. Mientras hay niños que cruzan puentes colgantes para ir a sus escuelas con riesgo de perder la vida, hay funcionarios, como los diputados, que pueden comprarse un auto de más de cien mil dólares y encima, tener las prebendas de auxilios económicos por parte del Ifarhu.
Los altos índices de criminalidad y casos sin resolver son otro de los indicadores que se utilizan en algunas instituciones de estudios políticos de América Latina para distinguir a los Estados fallidos. Aquí es cotidiano ver en los noticieros enfrentamientos entre bandas rivales de delincuentes en casi todo el país, sin que los organismos de seguridad puedan ponerle un alto definitivo. Todo se reduce a la conocida frase “estamos tras la pista”, la misma que se utiliza en crímenes sin resolver de mujeres y desapariciones de menores, así como las fugas inexplicables de las cárceles más sensitivas.
El hecho de que las instituciones y figuras no cumplan con su compromiso de coordinar y penalizar de forma ejemplar, también parece contribuir a una situación en la cual el orden “legítimo” se está saliendo de control. Una declaración de un alto comisionado de la Policía, en donde trata de explicar el saldo de muertos y heridos en un centro comercial de Los Andes (San Miguelito), como producto de una actividad festiva que fue negada por los estamentos de seguridad y de “todas formas” se hizo, nos muestra que hay una pérdida por el “monopolio del poder” y un vacío en la legitimidad de las instancias que deben administrar justicia.
Si hay una particularidad en la actual gestión del Ejecutivo es, por un lado, las respuestas que divagan y no satisfacen los llamados de la sociedad, y por el otro, la ausencia de respuestas en el momento que más se necesitan. Sencillamente, no se vislumbra una figura de autoridad que ponga orden en Panamá en todos los sentidos.
Es difícil de creer que un aspirante a ocupar el cargo de presidente en el conocido “Palacio de las Garzas” pueda ser competente, si el mismo trae su propia “agenda oculta” y los lineamientos de un esquema de “partidos políticos” ya corroído por la incompetenciaâ¦, pero todavía sigue imponiéndose como supuesta alternativa.
Sociólogo, docente panameño.
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