Varios diputados opositores reconocieron que no existe ninguna garantía de que las autoridades de IPS manejen transparentemente estos fondos, pero aún así dieron quorum y votaron a favor, alegando que tampoco se podía dejar sin medicamentos a los asegurados
El Instituto de Previsión Social (IPS) viene acarreando hace años una millonaria deuda con proveedores -según su titular, Vicente Bataglia – asciende a G. 1,6 billones (unos US$ 218 millones ), pero que según los diputados, llega incluso a US$ 240 millones. Esto motivó la amenazas de dejar de proveer medicamentos y otros insumos básicos a los asegurados, por lo que una mayoría de Diputados aprobó la habilitación a la previsional, para que adquiera préstamos a largo plazo para “bicicletear” sus obligaciones.
Varios diputados opositores reconocieron que no existe ninguna garantía de que las autoridades de IPS manejen transparentemente estos fondos, pero aún así dieron quorum y votaron a favor, alegando que tampoco se podía dejar sin medicamentos a los asegurados.
“Estamos en uno de los países más corruptos, pero no podemos decirles a los asegurados de IPS que no van a tener medicamentos porque hay corrupción”, alegó la diputada Norma Camacho (PEN), que también se sinceró diciendo que ” mucha gente estará preocupada con este préstamo y tiene razón porque no hay confianza”.
” Cierto, hay una bicicleteada de años y años. US$ 60 millones de dólares era la deuda en 2019, pero seguía siendo compatible con el Fondo de Salud, pero el problema se multiplica durante la pandemia”, dijo el diputado Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista), principal promotor de esta iniciativa.
El mismo intentó justificar este proyecto de ley diciendo que “el problema está” y lo que se busca es dotar a IPS de una herramienta para buscar una “salida”.
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La diputada Celeste Amarilla (PLRA) también argumentó su permanencia en la sesión, diciendo que tampoco ponía las manos en el fuego por nadie, y menos por las autoridades de la previsional, que no se puede legislar “pensando en la trampa”.
Amarilla afirmó que solicitarán auditoría de la deuda para saber por qué no les pagaron a los proveedores o si se ” c omieron los US$ 240 millones que le deben “, pero independientemente a ello, no podía rechazar esta iniciativa por la amenaza de “desabastecimiento”.
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“O rechazamos todo y pateamos el tablero y que se vea este gobierno inepto” o “vamos a tener 50.000 asegurados que no van a tener ni analgésico”, refirió.
El proyecto fue aprobado con modificaciones, incluyendo taxativamente una cláusula que indica que estas deudas no podrán ser cubiertas con el Fondo de Jubilaciones.
