S euxis Hernández Solarte más conocido como ‘Jesús Santrich’, regresó a la cárcel La Picota de Bogotá el sábado en la noche, mientras continúa la investigación por su presunta participación en ‘La Familia’, una organización criminal que buscaba enviar 10.000 kilos de cocaína hacia Miami, Estados Unidos.

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Según las autoridades, este delito lo habría cometido después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, motivo por el cual no sería cobijado por la Justicia Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar los delitos que se cometieron dentro del conflicto armado.

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El Inpec lo trasladó de nuevo a La Picota, tras un dictamen de Medicina Legal, luego de que por su huelga de hambre había recibido atención médica en una clínica de la ciudad y posteriormente fue trasladado a una sede de la Conferencia Episcopal.

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¿Qué viene? Ahora reaparecen las críticas de los integrantes del ahora movimiento político de la Farc, quienes cuestionan que de ser extraditado, el “proceso de paz habría fracasado”.

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Vale recordar lo planteado por el exnegociador Iván Márquez , quien un día después de la captura de Santrich indicó que se trató de un plan orquestado por Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía colombiana, “cuyas últimas elaboraciones fueron concertadas en la reciente visita del director del ente acusador al país del norte, que amenaza extenderse a toda la excomandancia fariana, con el propósito de decapitar la dirección política de nuestro partido y sepultar los anhelos de paz”

Sin embargo, otra versión tiene el gobierno. Desde el Ministerio del Interior han dejado claro que la participación de la JEP, sobre todo para definir la extradición de Santrich, solo está relacionada con determinar la fecha de ocurrencia de las conductas por las cuales hay una solicitud de extradición, aunque ha dejado claro que aún no hay una solicitud oficial de la justicia norteameriacana

“Haciendo una lectura del artículo 19 transitorio del Acto Legislativo No, 01 de 2017, la competencia de esta se activa una vez exista una solicitud de extradición, de conformidad con el procedimiento penal vigente”, manifestaron los ministros del Interior, Guillermo Rivera , y de Justicia, Enrique Gil , en una carta

¿Y entonces? Hay que recordar el choque de trenes entre la Fiscalía y la JEP, que debe ser dirimido por la Corte Constitucional, luego de que el fiscal Néstor Humberto Martínez le envió una carta, de 11 páginas, en la que solicitó que resuelva ese “conflicto”.

Al respecto, Jorge Ricardo Palomares , miembro del observatorio constitucional de la Universidad Libre, explicó que aún no es claro el caso Santrich, por lo que hay que tener en cuenta tres aspectos claves. “El primero es la vigencia de ley en el tiempo. El proceso de Santrich ya está en curso. Ello significa que la JEP decidió –suspender su extradición– con unas reglas. Las reglas que salgan con posterioridad aplicarán para nuevos procesos”

Como segundo punto, expresó que está relacionado con el principio de favorabilidad. “Para que se aplique la norma aprobada por las comisiones del Senado, ella debería ser favorable para el proceso. En otras palabras, si la norma que aprobaron las sesiones es más garantista que los criterios aplicados por la JEP, debe aplicarse la norma”

Y como tercer punto, habrá que esperar el estudio que realice la Corte y, en ese caso, la Corte podría hacer un estudio de si esa disposición –suspender su extradición– se ajusta a los parámetros establecidos en el Acuerdo y la jurisprudencia sobre las normas que desarrollan el Acuerdo de Paz

Así las cosas, habrá que esperar cómo se reglamenta la JEP en el Congreso y si llega una solicitud formal de extradición desde EE.UU.