El expresidente paraguayo, Fernando Lugo, ratificó su posición en contra de la enmienda para la reelección presidencial.

“Estoy en contra de la enmienda, así voté el 25 de agosto de 2016 y así volveré a votar. Pero todos me tratan de violador, al final soy culpable de todo (…) Yo no participé en ninguna negociación referente al proyecto”, expresó el también senador del Frente Guasu.

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Lugo manifestó que la única forma de cambiar la Carta Magna es a través de la reforma y reiteró que no acompañará a quienes impulsan el plan reeleccionista a través de un referendo.

El senador reconoció que de aprobarse el proyecto se postulará nuevamente por el sillón presidencial como lo hizo en el 2008. “Si no hay dificultad que impida mi candidatura y el Frente Guasú me apoya me voy a candidatar”, aseveró.

Una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Socioeconómicos (CIES) para Última Hora, Telefuturo y Radio Monumental 1080 AM revela que en un supuesto escenario en el que se apruebe la reelección presidencial, Lugo corre con ventaja sobre sus adversarios ya que tiene la preferencia de los votantes de los dos partidos tradicionales, dejando atrás al actual presidente de la República, Horacio Cartes, de la ANR. 

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) se pronunció en relación con la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Paraguay, a la cual consideró como persecución política, ya que esta le notifica al expresidente Fernando Lugo la decisión de que no puede presentarse como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones.

En un comunicado firmado por su presidente, Manolo Pichardo, indica que el intento de impedir la candidatura de Lugo se enmarca dentro del denominado Plan Atlanta, una conspiración continental que persigue a los líderes progresistas y de izquierda de Latinoamérica que estén en el gobierno o la oposición.

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Lugo fue destituido por el Congreso de Paraguay en junio de 2012. En el “juicio político” el Senado lo declaró “culpable de mal desempeño de las funciones presidenciales” por la muerte de 17 personas durante el desalojo de campesinos sin tierras el 15 de junio de ese año.

Los mandatarios latinoamericanos, junto con gran número de paraguayos, mostraron su apoyo al expresidente y calificaron la destitución como un golpe de Estado.

En contexto

La Constitución paraguaya, promulgada en 1992, prevé un mandato presidencial de cinco años, y establece que ni el presidente ni el vicepresidente “podrán ser reelectos en ningún caso”.

La asamblea constituyente de 1992 clausuró toda reelección del presidente o de sus descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y dos de afinidad.

La anterior carta magna, vigente durante la dictadura de Alfredo Stroessner, admitía la reelección indefinida.

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