Desde fines de 2013 la salud mental fue marcado en la agenda de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) como uno de los temas de mayor importancia. El principal motivo era la legislación vigente que, al tener 80 años, se quedó en el tiempo y, según entendían desde la institución, no respetaba derechos humanos básicos. Al año siguiente comenzó a funcionar un primer grupo de trabajo conformado por instituciones públicas de salud, organizaciones de usuarios, familiares, el Poder Judicial, sociedades científicas, la INDDHH y la Universidad de la República.

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Pocos meses después, la muerte de un paciente en la colonia psiquiátrica Bernardo Etchepare por las mordeduras de una jauría volvió a dejar en evidencia que la situación de las instituciones de salud mental en el país debía ser revisada con urgencia y el Ministerio de Salud Pública ( MSP ) comenzó a trabajar, junto a esos mismos colectivos que ya se habían reunido, en una nueva legislación que actualmente está siendo analizada por la Comisión de Salud del Senado.

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Mientras la nueva ley es analizada en el Parlamento, la INDDHH planifica un cambio en su forma de trabajo con respecto a las instituciones psiquiátricas.

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A partir de 2017, el Mecanismo Nacional de Prevención del instituto instalará un monitoreo constante de centros de salud mental, como las colonias psiquiátricas.

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Esas visitas sistemáticas son realizadas, por ejemplo, en centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (ex Sirpa) y tienen como objetivo realizar observaciones y recomendaciones para mejorar la calidad de vida y el respeto a los derechos humanos de las personas que están en esas instituciones.

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“Hasta ahora el monitoreo (en centros psiquiátricos) se ha hecho pero cuando hay algo concreto, pero no ha sido sistemático.

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Si la ley se aprueba, será el marco desde el cual se estarán mirando y controlando esas instituciones”, explicó a El Observador Mariana González, directora de la institución.

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Para la INDDHH, el proyecto de ley implica “un cambio paradigmático” sobre cómo se concibe la enfermedad mental en Uruguay, aunque el “salto no termina de concretarse”, según dijo González, directora de la institución.

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“Una ley es fruto de negociación y en la necesidad de conformar a todos un poco en la ley, se peca de tibieza porque quedan algunos elementos que son fruto de diferentes concepciones que tratan de ponerse a convivir”, indicó.

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Hace poco más de un mes, la institución entregó un informe en el Parlamento en el que advierte que “si bien el proyecto de ley realiza señalamientos sobre la protección y garantías de los derechos humanos de todas las personas, no se consigue imprimir una efectiva consideración de las vulnerabilidades especiales derivadas del género, la edad, la raza, la orientación y/o identidad sexual, o de su particular situación social”.

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“La atención de los grupos vulnerables o con necesidades especiales requiere de una protección adicional en cuestiones de salud mental y por ende, de una consideración prioritaria que puede establecerse en una sección específica de la ley”, agrega el texto.

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A pesar de esas recomendaciones, el instituto destaca como un logro que el proyecto de ley plantea “la necesidad de salir del concepto asilar”, así como el cierre paulatino de las colonias psiquiátricas, según dijo a El Observador Ariadna Cheroni, psicóloga integrante del equipo técnico de la INDDHH.

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Desde que comenzó la discusión por una nueva legislación en salud mental, uno de sus puntos principales fue evitar internaciones prolongadas y que los hogares asistidos empiecen, de a poco, a sustituir a las colonias.

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