Dos ex presidentes de Uruguay fijaron los términos de la discusión sobre el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil. Para Julio Sanguinetti “es una grosería intelectual y una inmoralidad hablar de un golpe de Estado”, porque se cumplieron todos los requisitos constitucionales. En cambio José Mujica, sostiene que el trámite en el Senado “fue una gigantesca pantomima” para ocultar que “no sólo se trató de un golpe de Estado sino que se decidió en otra parte”.

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Este debate hace ahora una breve escala en el Tribunal Supremo de Justicia, pero visto el rol que el tribunal cumplió en la destitución, este recurso será rechazado, lo cual agotará los recursos internos y despejará el camino hacia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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Luego de la suspensión de la presidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia de cinco diputados y senadores del PT con el patrocinio de dos abogados brasileños y del argentino Damian Loreti, secretario de la Comisión Directiva del CELS.

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Ahora insistirán señalando que no hay ninguna causa penal, ni imputación ni condena contra la mandataria destituida; que sus juzgadores adelantaron la posición que sostendrían por lo que la condena fue una profecía autocumplida y que se violaron los derechos políticos de Dilma y de sus votantes.

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El viernes, la CIDH expresó su preocupación ante la destitución de Dilma en un juicio político sobre el cual “se han planteado cuestionamientos por irregularidades, arbitrariedad y ausencia de garantías al debido proceso”, señaló que seguía con atención la observancia de los derechos humanos “que las autoridades competentes del Poder Judicial de Brasil proporcionen a este caso” y anunció que continúan su curso regular la cautelar y la petición presentadas.

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Durante el impeachment quedó establecido que Dilma no había cometido ningún delito de corrupción, como sí lo hicieron sus principales acusadores.

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De los 81 senadores, 61 votaron por la destitución, 47 están bajo proceso judicial y 15 fueron condenados.

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Nunca antes el Tribunal de Cuentas había considerado irregular el dictado de decretos para reasignar recursos presupuestarios, tal como el jueves hizo el presidente argentino, y había aprobado sin objeciones las rendiciones de cuentas presidenciales.

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Tampoco había objetado la postergación de compromisos asumidos por el Estado bajo una forma de maquillaje fiscal conocido como “pedaleadas”.

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También se violentó el principio de no discriminación por razones políticas, puesto que no se aplicó similar proceso a su sucesor, el actual presidente Michel Temer, quien fue denunciado por los mismos hechos.

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En cuanto se votó la destitución, el Congreso sancionó la ley 13.332/16, que en forma expresa legitima la práctica por la que fue sancionada la ex presidente.

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Lo que hasta ayer se consideraba un delito hoy es una conducta admitida. “La conducta no era ilícita ni lo sería después. Sólo fue considerada delictiva para aprobar el juicio político”, dijo el profesor de derecho Ricardo Iodi, uno de los testigos de la defensa.

La parcialidad de todo el procedimiento fue tan manifiesta que los dos testigos del Tribunal de Cuentas llamados a declarar fueron eximidos del juramento de decir verdad, ya que estaba probado que participaron en las movilizaciones contra Dilma y en la redacción del informe en su contra.

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En el camino, Temer perdió dos ministros, que debieron renunciar cuando se difundieron grabaciones en las que urgían a la rápida destitución de Dilma para que no avanzaran las investigaciones sobre corrupción que golpean con especial contundencia a los dos partidos del nuevo oficialismo, el Demócrata (PMDB) de Temer y el Social Demócrata (PSDB), los Tucanos de Fernando Henrique Cardoso, Aecio Neves y Ze Serra.

Detrás de la escena Nadie ocultó durante el largo proceso que estas cuestiones formales no eran lo que de verdad se discutía.

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Hace un año, durante una visita privada, el asesor en temas internacionales de Dilma y de Lula, Marco Aurelio García, comunicó a sus interlocutores argentinos que la situación no tenía retorno.

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Pese a la profunda recesión (arañó el 4 por ciento en 2015, a lo que habrá que sumar una cifra similar o mayor este año) el principal problema no era económico sino político.

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Luego de vencer al candidato socialdemócrata Aecio Neves denunciando las políticas de ajuste que se proponía aplicar, Dilma asumió desde el gobierno esa agenda liberal y ante el malestar que esto provocó en las bases del PT, interrumpió los contactos con Lula.

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Cuando los retomó, en los primeros meses de este año e incluso intentó designarlo jefe de gabinete para que condujera el gobierno y la contraofensiva política, ya era tarde.

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Sólo el 8 por ciento de la población aún creía en ella.

El ocaso de Dilma no puede analizarse en forma separada de la crisis profunda que desgarra a Venezuela desde que la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 y reclamó realizar este año un plebiscito revocatorio del mandato de Nicolas Maduro; de la asunción de Maurizio Macrì en la Argentina en elecciones libres el mismo mes; de la derrota de Evo Morales en Bolivia en febrero, cuando una ajustada mayoría le negó la posibilidad de una nueva candidatura cuando termine su actual mandato, en 2020, y del anuncio de Rafael Correa de que no buscará ser reelecto, pese a que sus partidarios aún impulsan una consulta popular que le permitiría intentarlo, para lo cual ya han reunido 1,2 millones de firmas.

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También es preciso incluir en el análisis la situación de Chile, donde Michelle Bachelet se arrastra con pena y sin gloria en su deslucido segundo mandato, y de Uruguay, cuyo gobierno encabezado una vez más por Tabaré Vázquez se parece cada día más a las administraciones del Partido Colorado que el Frente Amplio desplazó.

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