La 2ª sesión del Consejo Federal de DD.HH. comenzó en Tucumán el miércoles 27 y cierra hoy. En coincidencia no casual, el nombre de Belén, la joven condenada por un delito inexistente (aborto espontáneo) y sin pruebas siquiera para demostrar la acusación, estalló en la capital provincial. Ayer, once organizaciones que se presentaron ante la Corte tucumana para incorporarse al caso que analiza el tribunal como amicus curiae, en conferencia de prensa demandaron que “la Corte no puede ser parte de la cadena de violaciones a los derechos a Belén”. Por la tarde entregaron al secretario de DD.HH. de la Nación, Claudio Avruj, y su par provincial, Erica Brunotto, un petitorio en el que reclamaban que el caso sea incorporado explícitamente en las sesiones del Consejo, entre otros reclamos y que involucraran directamente las secretarías en este y tantos otros casos de Belenes argentinas judicializadas.

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Como un efecto de repercusión inmediata, Avruj trasladó el pedido ante el Tribunal Supremo provincial acompañando el reclamo de los organismos.

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La Corte tucumana tiene menos de 90 días para resolver un caso que técnicamente puede resolver en dos.

El caso Belén había estallado apenas concluido el juicio, en abril, en el que fue condenada a ocho años por un delito que no existe, y para el que ni siquiera se presentó la prueba básica que se requeriría a un alumno de Derecho Penal: el ADN del feto que vincule a Belén para luego intentar condenarla por aborto espontáneo, una circunstancia que merece la misma pena que la rubeola o el mal de Chagas.

El 15 de julio pasado, el Comité de DD.HH.

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de la ONU exhortó al Estado argentino a revisar “el caso Belén”, a la luz de los estándares internacionales en la materia, “con miras a su inmediata liberación”.

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La presión internacional no es leve. Diez días después, la imagen viralizada de Dolores Fonzi, al recibir su primer premio Platino con un cartel en el que se leía #LibertadParaBelén, multiplicó la incomodidad.

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A esa altura ya se sabía que el Consejo Federal de DD.HH. desarrollaría su 2ª sesión con sede en Tucumán entre el 27 y el 29 de julio. Oportunidad para la que once organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos y a la defensa de la joven habían organizado una conferencia de prensa, que se realizó ayer.

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El martes, dos días antes, el ministro fiscal, Edmundo Jiménez presentó su dictamen a la Corte en el que señalaba poco más, poco menos, que el proceso y la sentencia condenatoria eran un absurdo y que el juicio era nulo por deficiencias de forma y de fondo.

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Lo del estudiante de Penal.

El dictamen, que no es vinculante, pero que agrega opinión de peso y pública (lo que significa más peso), se anticipó a la anunciada presentación por parte de Amnesty International de un listado de 120 mil firmas recolectadas en todo el mundo en favor de la libertad inmediata de Belén.

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En términos del lenguaje diplomático, la oportunidad del dictamen anticipado a la anunciada presentación podría leerse como una salida a un problema incómodo.

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El mismo día, las declaraciones del gobernador, Juan Manzur, confirmarían esa lectura. Sostuvo que le “preocupa” la condena a Belén, y que “es muy importante que se esclarezca lo más pronto posible”.

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Aunque sin fijar posición clara, la declaración de Manzur, ex ministro de Salud de la Nación, y gobernador de una de las cuatro provincias que carece de protocolo en casos de abortos legales (ver aparte), habla de una preocupación subrayada.

Ayer, la conferencia de prensa (anunciada la semana anterior en Buenos Aires) de las once organizaciones que se presentaron como amicus curiae ante el Tribunal Supremo tucumano para acompañar el caso de Belén estalló en Tucumán.

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Andhes, Apdh, AABA, APP, Amnesty, Católicas por el derecho a decidir, el Cels, Cladem, Ela, Innocence Project Argentina, y Diputados del FI-PO, Apel, se presentaron como amicus y por la tarde entregaron a Avruj y Brunotto, un petitorio en el que reclamaban la incorporación explícita del caso en las sesiones del Consejo, la participación directa y monitoreo del Plan Nacional contra la violencia de género; que se cumplan las exhortaciones de la OUN relativas al aborto no punible y la despenalización del aborto; entre otros ítems.

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Avruj se apuró en trasladar la preocupación a la Corte. El fantasma negativo de Malcorra en la ONU tiene su peso.

Más concreta y directa, Soledad Deza, de Católicas por el derecho a decidir, y actual abogada de Belén, sostuvo en la conferencia de prensa que lo que se le pide a la Corte es que “sea liberada de inmediato y se declare nulo el proceso”.

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