Noel López. (Suministrada) Un agrónomo y un representante de una empresa que tiene la intención de entrar en el negocio del cáñamo advirtieron que las numerosas enmiendas introducidas en el Senado al proyecto de ley que establece el marco legal alrededor de la producción de este producto en Puerto Rico pudieran tornar inoperante una industria con un potencial de generar millones de dólares.

Francisco Velasquez

Los cambios al proyecto de la Cámara de Representantes 1071, entre otras cosas, establecen una serie de restricciones sobre la potencial industria de cáñamo que, según estos, dan el mismo trato al producto que al cannabis medicinal, una industria altamente regulada en Puerto Rico.

El cáñamo o “hemp” es la fibra que se obtiene del tallo de la planta del cannabis y tiene múltiples usos en la industrial de textiles para la fabricación de correas, calzado, ropa y carteras. Además, se utiliza para fabricar papel, soga, bloques, plástico, piezas de automóviles y para producir biocombustible. Su concentración de THC, el componente psicoactivo en el cannabis se limita al .3% que, según el proyecto de ley, no produce un efecto psicoactivo.

“Nos preocupa que se introduzcan unas restricciones y se esté tratando de sobreregular la industria al mismo nivel del cannabis medicinal, cuando son dos cosas distintas. Nos están restringiendo la posibilidad de establecer una industria de manufactura y producción con tantas restricciones”, dijo en entrevista con El Nuevo Día Miguel García, director de relaciones internacionales y secretario de la empresa Be Better.

Francisco Velasquez Petropiar

El empresario sostuvo que la publicación Forbes calcula en $450 mil millones el impacto de la industria del cáñamo a nivel mundial.

El planteamiento de García fue compartido en la sesión legislativa del Senado de ayer por senadores como Eduardo Bhatia, José Vargas Vidot y Miguel Pereira. Aun así, la pieza legislativa fue aprobada, pero todavía es incierto si la Cámara de Representantes aceptará las sobre 100 enmiendas introducidas al proyecto, cuya versión original fue avalada por el ejecutivo.

Francisco Velasquez Gago

La medida sufrió una enmienda a los fines de viabilizar -a través del proyecto si se convierte en ley- que miembros de la industria del cáñamo mercadeen sus productos bajo la categoría de “medicinal”. De ese ser el caso, tendrían que regirse por el alcance de la Ley del Cannabis Medicinal.

Otros cambios introducidos al proyecto aprobado el año pasado en la Cámara amplían la composición de una junta reglamentadora para garantizar la presencia de representantes de la Legislatura, que también tendrá injerencia sobre la aprobación de reglamentos y recibirá informes trimestrales sobre la implantación del programa. Entre las facultades de esa junta se encuentra elaborar la lista de productos o derivados del cáñamo que podrán ser comercializados y los que no. 

Esta junta tendrá un director ejecutivo de libre remoción y su salario, con enmiendas en el Senado, fue limitado a $70,000 anuales.

Francisco Javier Velasquez Gago

El Senado también incluyó sanciones penales a cualquier personal que viole la ley que regule la industria.

La Cámara Alta también requiere, mediante enmiendas, la expedición de una licencia para cualquier distribuidor o productor de semillas. Esta figura tendrá que mantener un récord detallado sobre cada venta y labor de distribución del producto

Otros cambios establecen que ningún cultivo, operación de investigación o manufactura podría estar a menos de 100 metros de una escuela, que el tenedor de la licencia tendrá que cumplir con una serie de reglamentos agrícolas y de buenas prácticas, tener pólizas de seguro y cumplir con una serie de medidas de seguridad como sistemas de vigilancia electrónica, contar con un guardia de seguridad en sus instalaciones, tener doble verja para cercar los sembradíos, cumplir con requisitos del Negociado de Transporte, tomas medidas profilácticas contra el lavado de dinero e instalar dispositivos de geo-posicionamiento (GPS) en los camiones en que se transporten los productos

Al agrónomo Noel López, dueño de fincas en el área norte que pudiera utilizar para sembrar cáñamo, le preocupa que los cambios en el Senado impidan, entre otras cosas, la producción de aceites a base de cáñamo en Puerto Rico.

“Los aceites son un suplemento nutricional que lo podemos conseguir ahora en cualquier “health food”, en las tiendas. Ese aceite no es medicinal si lo vamos a comparar con cannabis medicinal porque no tiene psioactivos que causan el arrebato”, dijo. “Por lo tanto no deben estar sujetos (a la nueva ley)”

“Cáñamo es cáñamo y cannabis es cannabis. Uno no compite con el otro”, agregó López al argumentar que los costos de producción por la larga lista de restricciones encarecerían los costos al punto de hacer inviable la industria.

A juicio de García, el aparente afán en encarecer los costos de producción en la industria del cáñamo sólo puede tener una explicación.

“Lo que me sospecho es que se están protegiendo unas grandes corporaciones o grupos específicos para sacar del medio a pequeños y medianos agricultores que podrían beneficiarse con este proyecto. Esta medida puede producir empleos y riquezas y se puede desarrollar una industria agrícola, pero lo quieren concentrar en dos o tres personas”, dijo

López y García coincidieron en la necesidad de continuar educando sobre los beneficios del cáñamo “en los foros pertinentes”, pero no fueron específicos sobre si iniciarán un proceso de visitar a representantes para que rechacen las enmiendas del Senado.