El proyecto de emergencia social acordado por el Gobierno y los movimientos sociales, que avanza a paso redoblado en el Congreso y sería transformado en ley antes de fin de año, es fruto de una hábil presión sindical y política sobre el Gobierno para obligarlo a negociar. A la vez, esconde una sorda guerra entre el kirchnerismo más duro ?que se negó a acompañar la iniciativa? y las organizaciones sociales que desconocieron la jefatura de Cristina y encararon un camino autónomo de construcción de poder.

Esa pelea entre antiguos aliados a veces no reconoce límites. Así, las esquirlas del combate tocan al papa Francisco, a quien los ultra K intentan usar como variable de ajuste en su disputa con el Movimiento Evita y la CTEP, el mayor nucleamiento de trabajadores informales, que tiene como cabeza visible a Juan Grabois.

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Este joven abogado, de diálogo directo con el Papa, fue nombrado hace seis meses consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz.

El detonante de la última escaramuza fue el artículo que el periodista Horacio Verbitsky publicó el domingo pasado en el diario Página 12 , donde señalaba que ?movimientos sociales apadrinados por Bergoglio? estaban acordando con Macri y que la condición era que ?se abstengan de participar en cualquier conflicto durante tres años?.

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La diatriba fue potenciada de manera formidable cuando Cristina Kirchner subió esa columna a su cuenta de Facebook.

Sobrevino entonces una llamada entre Grabois y Wado De Pedro, diputado nacional, considerado por propios y ajenos como el más lúcido dirigente de La Cámpora.

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Grabois señaló su sorpresa por lo que entendía era un ataque al Papa. La respuesta de De Pedro habría sido que el problema no era con el Papa sino con Emilio Pérsico y Chino Navarro, los jefes del Evita.

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Cuestión de interpretación.

Seguidores, los ultra K insistieron con declaraciones de Celia Isasmendi, quien el miércoles, por Radio del Plata, aseguró que el Papa estaba ?furioso? porque ?según el artículo de Verbitsky? el Evita y la CTEP habían acordado con el Gobierno siguiendo sus consejos.

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Particular manera de retorcer los hechos.

La señora Isasmendi, que venía de ser recibida en el Vaticano, agregó que Francisco le aseguró que ?jamás diría que hay que negociar en esos términos? y que ?no puedo decirle a la gente que arregle por una limosna?.

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Las declaraciones fueron reproducidas por la Agencia Paco Urondo, un sitio web que refleja el punto de vista del kirchnerismo más duro.

Hubo cierta conmoción en el universo militante porque es sabido que la señora Isasmendi suele tener reuniones con el Papa.

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Se trata de una de las hijas de Clelia Susana Luro, quien fuera esposa de Jerónimo Podestá, obispo de Avellaneda, adherente al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y obligado a renunciar a su obispado en 1967.

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Podestá murió en el año 2000 y el entonces cardenal Bergoglio ayudó a la viuda a gestionar y conseguir su pensión.

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Desde entonces quedó en relación con esa familia.

Fuentes del Movimiento Evita y la CTEP juran que Grabois recibió entonces un mensaje desde el Vaticano.

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Allí le aseguraban que el Papa no había hablado en esos términos, que entendía la ley de emergencia social como ?un avance? y que había que seguir trabajando por ?la democracia para los pobres?.

Nada muy diferente al juego pendular que con tanta habilidad despliega Francisco, para contentar y contener a los populismos de variada procedencia que buscan guarecerse bajo sus blancas vestiduras.

Lo que el árbol de esta discordia no debería tapar es el bosque bastante más frondoso de la emergencia social.

El proyecto que esta semana aprobaría Diputados fue el único de los proyectos troncales del año parlamentario presentado en forma conjunta por los líderes del oficialismo y la oposición.

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Lleva las firmas del radical Mario Negri y el macrista Nicolás Massot por el oficialismo; Sergio Massa y Graciela Camaño del Frente Renovador; Diego Bossio y Oscar Romero del Bloque Justicialista; Leonardo Grosso, Lucila de Ponti, Araceli Ferreyra y Silvia Horne del Movimiento Evita; la socialista Alicia Ciciliani, Victoria Donda y Federico Masso de Libres del Sur; Alcira Argumedo de Proyecto Sur y Jorge Franco del oficialismo misionero.

Se autoexcluyó el Frente para la Victoria.

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Y el Frente de Izquierda presentó un proyecto propio criticando la iniciativa mayoritaria por ser una ?nueva versión del asistencialismo?, según el diputado Néstor Pitrola.

El proyecto surgió de una urgente negociación abierta por el Gobierno después de la eficaz doble presión que ejercieron los movimientos sociales con apoyo de la CGT y la oposición peronista comandada por Miguel Pichetto en el Senado y Massa en Diputados.

Un proyecto inicial que promovía la creación compulsiva de 1.000.000 de puestos de trabajo financiados por el Estado, había sido aprobado por los senadores peronistas.

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Una masiva manifestación frente al Congreso se articuló con la amenaza de Massa de llevar a votación ese proyecto junto con el de modificación del impuesto a las Ganancias, también con un altísimo costo fiscal.

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Todo parecía encaminado al seguro veto del presidente Mauricio Macri, con el consiguiente costo político.

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Quizás el verdadero objetivo buscado era agitar el fantasma del costo político para forzar la negociación.

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Y así sucedió.

Los ministros Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Jorge Triaca (Trabajo) se sentaron básicamente con el Movimiento Evita y la CTEP, la agrupación Barrios de Pie y la muy fogueada Corriente Clasista Combativa.

Alcanzado un rápido acuerdo, el proyecto fue al Congreso.

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La mayoría peronista del Senado ya avisó que votará sin cambios lo que apruebe Diputados. Es la garantía ?costosa? para un fin de año sin explosión de conflictos sociales.

La ley prorroga hasta el último día de 2019 la emergencia social.

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Se le da rango institucional a la organización de estos trabajadores en negro convirtiéndola en un virtual sindicato.

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Establece asegurar a los trabajadores informales ?alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional? de acuerdo a las garantías otorgadas al trabajo en la Constitución.

Se crean el Consejo de la Economía Popular, con tres representantes del Estado y tres de las organizaciones sociales; y el Registro Nacional de la Economía Popular para censar y legitimar a esas legiones de trabajadores en negro.

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Ultimo pero no menos importante, se faculta al jefe de Gabinete a reasignar hasta 30.000 millones de pesos de otras partidas, en los próximos tres años, para cumplir los objetivos antes señalados.

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Ahí está el moño del paquete.

Pero la política siempre mete la cola. Chino Navarro sostiene que ?hay que reconocer que esto que se consiguió nosotros en doce años no lo hicimos?.

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Aunque apuntó que ?si el Gobierno no cambia el rumbo para generar más trabajo y más inclusión esto sirve para el corto plazo y nada más?.

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¿Qué harían ante ese escenario? se le pregunta al dirigente del Evita. ?El único poder que tenemos es la calle?, responde.

Alderete, de la CCC, apretó en la misma línea.

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?Mientras el Gobierno cumpla no va a haber ninguna dificultad ?declaró? porque nosotros tenemos más ganas de trabajar que de estar en la calle peleando?.

Nadie quiere aparecer claudicante, porque los kirchneristas duros machacan sobre la supuesta blandura de los que presionaron al Gobierno para acordar después.

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Y esa interna bravía se resuelve en la calle.

En el Gobierno tampoco estos asuntos encuentran un terreno fácil para resolverse.

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Destacan el haber eliminado la sinrazón del millón de empleos ?por decreto?. Pero habría núcleos refractarios a dar concesiones a un sector que nunca estará del lado de Macri.

La ministra Stanley asegura tener el respaldo del Presidente.

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Y sostiene que ?el trabajo informal es mucho más que el taller textil clandestino?. El objetivo, explica, es convertir ese universo opacado a la luz pública en ?un sistema económico que no quede encorsetado por las reglas existentes?.

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Cuenta que ya habló con Alberto Abad, el jefe de la AFIP, para que se contemple la situación de miles de comercios instalados en villas y asentamientos.

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?Si les cobramos impuestos los fundimos y esa gente no va a encontrar otro medio de vida?, explica.

En la Argentina, que lleva cinco años sin crecer, el sector informal genera cerca del 30% de la riqueza.

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Uno de cada tres trabajadores está en negro. Y hay multitud de cuentapropistas. Son más de cuatro millones de compatriotas. Quizás algún día puedan pasar de la contención y el asistencialismo al progreso que significa un empleo en blanco.

Es un asunto que tiene que ver con el futuro de todos, mucho más de lo que todos creemos.

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