Así es Aprosex, el embrión del sindicato de “trabajadoras sexuales” aprobado por el Gobierno

El Gobierno recurre a la Abogacía del Estado para anular el sindicato “de trabajadoras sexuales”

Concepción Pascual ha sido la primera víctima política del “gol por la escuadra” que la Dirección General de Trabajo le marcó a la ministra del ramo, Magdalena Valerio , al aprobar la creación de un sindicato de “trabajadoras sexuales” que, en la práctica, supone dar luz verde al primero de este tipo que ampara a las mujeres en situación de prostitución.

Pascual apenas tardó unas horas en presentar su dimisión como responsable del organismo después de que EL MUNDO adelantase la noticia, confirman desde el Ministerio. Lo hizo el pasado viernes mediante una carta escrita “de su puño y letra” , en la que asumía toda la responsabilidad de la decisión; Valerio utilizó el fin de semana para valorar la dimisión y finalmente este lunes ha acabado aceptándola y haciéndola pública.

Dimite Concepción Pascual, la directora de Trabajo que legalizó el sindicato de prostitutas EL MUNDO (Vídeo) “La directora general de Trabajo, Concepción Pascual, ha presentado su dimisión, la cual ha sido aceptada por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio“, asegura el comunicado difundido hoy por el Ministerio. “La decisión de Concepción Pascual se produce al asumir voluntariamente todas las responsabilidades del registro de los estatutos de OTRAS, la Organización de Trabajadoras Sexuales. Este registro se ha efectuado ante la dirección de la que Concepción Pascual era la máxima responsable”, concluye el escrito.

De esta manera, el Gobierno y el Ministerio dan por zanjada la polémica por la que algunas voces han cuestionado incluso el futuro de la propia Valerio. “Pascual ha asumido todas las responsabilidades de lo ocurrido y ya no hay más responsabilidades que asumir “, aseguran fuentes de Trabajo, que califican la actuación de Pascual como un “error humano” . “Nadie más tenía constancia de esa resolución”, de ahí que ella sea la primera y única víctima política de esta polémica. El Ministerio trabaja ahora para localizar un perfil “adecuado” que la sustituya.

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Menos de dos meses La presión estuvo sobre la figura de Pascual desde el primer momento y ninguno de sus superiores se ha molestado en disimularlo. “La persona que lleve esto me tendrá que explicar por qué no se me hizo saber que ese expediente estaba en tramitación”, afirmó Magdalena Valerio para justificar su desconcierto la semana pasada. Según dijo, es competencia de su Ministerio proceder al depósito de los estatutos de organizaciones sindicales una vez están constituidas y, como responsable del área, “jamás” habría dado el visto bueno a la publicación en el BOE.

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La dimisión de Pascual ha acabado oficializándose hoy, tras una reunión matinal con la ministra. Su andadura al frente de la Dirección General de Trabajo no ha durado ni dos meses , ya que hasta el 5 de julio estuvo desempeñando el cargo de Jefa de Equipo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Inspección Provincial de Barcelona.

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Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Pascual ingresó en el cuerpo de gestión de la Administración General del Estado en diciembre de 1985 y desde 1997 pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. La mayor parte de su carrera profesional ha estado vinculada a la Generalitat de Cataluña, donde desempeñó el papel de Jefe del Servicio de Relaciones Laborales de la Delegación de Barcelona del Departamento de Trabajo de la Generalitat, Subdirectora de Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento de Trabajo de la Generalitat y Directora del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.

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Precisamente en Cataluña es donde centra su actividad Aprosex , la organización que está detrás del controvertido sindicato “de trabajadoras sexuales”.

Intento de anulación La noticia de su creación cogió con el pie cambiado al Gobierno de Pedro Sánchez -declarado abiertamente “feminista” y “abolicionista”- y a la ministra de Trabajo, que llegó a asegurar que le habían “colado un gol por la escuadra” . Ante su “sorpresa”, Valerio activó la semana pasada todos los mecanismos posibles para tratar de anular la constitución del sindicato.

En esta línea se mueve también la asociación pro derechos humanos L’Escola A.C. , que hoy también ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Trabajo para pedir la nulidad de la inscripción de la organización; la Audiencia tiene ahora un plazo de 10 días para responder si la admite a trámite o no.

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La misma organización presentó una solicitud de revisión de la misma inscripción, aunque en este caso el plazo para una respuesta es de 30 días.

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