Deudas sin cobrar, falta de capacidad formadora y alumnos que realizaron  pasantías en especialidades que no estaban en convenio. Esas son algunas de las deficiencias que dio a conocer un informe de Contraloría sobre el uso de los campos de formación de los Hospitales San Borja Arriarán y la Posta Central.

En el caso de la Posta Central, que tuvo convenio con dos universidades (Finis Terrae y Católica), Contraloría halló faltas en el proceso de asignación de los campos de 2014, ya que no se consideraron aspectos de las normas técnicas y  administrativas. “Se están regularizando los convenios y el trabajo con las universidades y especialidades. Además, se está reestructurando el proceso de control de gestión de los campos clínicos”, explicó Guillermo Saffie, jefe del departamento de Auditoría del Servicio de Salud Metropolitano Central, organismo a cargo de ambos recintos.

En el caso del Hospital San Borja Arriarán -cuyo convenio era con las universidades de Chile, Andrés Bello, Finis Terrae, Diego Portales, Los Andes, Tarapacá y los centros de formación técnica Santo Tomás y Enac-, el órgano contralor detectó que en 2014 no contaba con suficiente capacidad formadora, factor que mide la cantidad de alumnos de pregrado que puede contener un establecimiento sin saturarlo. Según el hospital, hasta 2015, esto se calculaba mediante una resolución determinada en 2010. 

En este recinto, además, Contraloría detectó que alumnos de universidades sin convenio realizaron también sus pasantías en el campo clínico. “Se buscarán las responsabilidades administrativas, y estamos trabajando para dar respuesta al contralor”, señaló Saffie. 

La revisión del ente fiscalizador, a partir de los datos entregados por el hospital, dan cuenta además de una deuda sin cobrar de más de $ 90 millones en el Hospital San Borja Arriarán.

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Dicha información se envió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en abril, para que se evalúen acciones legales.

“Se debe tener en consideración que el pago que las universidades entregaban como contraprestación al uso del campo clínico tiene su origen y fundamento en los convenios docentes pactados entre ellas y el recinto hospitalario, por lo que tales recursos constituyen ingresos propios del hospital”, sostiene la auditoría.

Cambios

Debido a estos problemas, se creó una nueva fórmula para calcular la capacidad que se necesita a través de una herramienta elaborada por el Ministerio de Salud (Minsal).

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“Estamos trabajando con el Ministerio en un plan piloto que tiene que ver con medir la capacidad formadora de cada establecimiento y poder incorporar nuevos procesos de formación en pregrado y especialidades”, afirmó Saffie. 

Desde el Minsal, en tanto, señalaron que esto consiste en “visitar en terreno los hospitales y sus servicios clínicos, corroborar el número de funcionarios, metros cuadrados y espacios de cama, entre otros datos, y de ahí sacar una cifra de cuántos alumnos con supervisión podrían caber en ese espacio.

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Se calcula por cada servicio clínico y se da un número final”. 

Además, aseguraron que, en base a esos estudios, en febrero pasado la Subsecretaría de Redes Asistenciales instruyó a todos los Servicios de Salud, establecimientos autogestionados en red y recintos experimentales, la aplicación de la metodología de cálculo de capacidad formadora. 

Jaime López, encargado del departamento de Calidad y formación del Minsal, dijo que “el 95% de los servicios ya nos ha entregado la información, faltan solo dos a los que les ha costado más, porque esta tecnología requiere más competencias técnicas”.

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López añadió que, “cuando tengamos toda la información, la validaremos para devolverla a los servicios en agosto.

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Les entregaremos un algoritmo para calcular los mayores gastos que significa poner alumnos en los establecimientos y eso lo vamos a transferir como gasto a las universidades con convenios”.

De acuerdo al cronograma del Minsal, la asignación de campos clínicos, de acuerdo a esta nueva normativa, comenzará en septiembre.

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