La historia del médico que mató al ladrón evidencia en toda su crudeza la naturalización del mundo del revés que es la Argentina de la inseguridad: si el asesinado hubiese sido quien reaccionó ante un ataque -la pericia balística lo estaría complicando-, el espacio dedicado a la noticia en los medios habría sido mucho menor y el intenso debate público que está teniendo lugar en estos días en torno de este episodio directamente no habría existido.

Producto de mirar para otro lado en materia penal, de cero discurso gubernamental en la materia y de la ausencia total de educación preventiva en los colegios y en campañas masivas y permanentes de difusión pública que concienticen a la población de los tenebrosos abismos que abre, por distintas razones, un delito violento no sólo en víctimas sino también en victimarios, se acelera el marco de impunidad que acrecienta la escalada de estos crímenes.

El evidente deterioro económico y la creciente desigualdad social de las últimas décadas son una parte importante de la explicación, pero no toda. Sucede algo peor: ese argumento precipitó dos respuestas contrapuestas muy nocivas y deficientes. Por un lado, el exceso de garantismo penal, a manera de reacción culposa, en oposición a la nefasta “mano dura”, que sólo ve la solución en la represión y, por el otro, la estigmatización de los sectores más vulnerables de la población, como si el hecho de ser pobre convirtiese automáticamente a las personas de esa condición en sospechosos.

En la medianoche del miércoles último se produjo un inusual suceso televisivo cuando Alejandro Fantino dialogó en Animales sueltos con Lino Villar Cataldo, el médico atacado que mató.

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Con un encendido fuera de lo común para esas altas horas de la noche, la charla transitó por un fuerte subibaja emocional y de tensiones contradictorias que, incluso, superaron al propio conductor.

Haya respondido con auténtica sinceridad, o manipulando consciente o inconscientemente su estremecedor relato, el médico logró poner a la audiencia de su lado -a juzgar por los comentarios en las redes sociales- al contar cómo había llegado desde Paraguay siendo un chico de ocho años a vivir en una villa de emergencia y cómo, años más tarde, salvó de un incendio de su humilde vivienda los libracos de donde estudiaba medicina, volúmenes que estaban allí presentes sobre la mesa durante el diálogo televisivo, en tanto sus abogados seguían esas alternativas desde detrás de cámaras.

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Una historia que desembocó, casi como en una tragedia griega, en el enfrentamiento final de un ex pobre contra un pobre actual.

En esa escena de odio y sangre se sintetiza trágicamente el monumental deterioro sufrido en la Argentina: un inmigrante humilde, en los sesenta, con esfuerzo y si se lo proponía, con apoyo de su familia, podía llegar a la Universidad, recibirse y progresar.

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El pobre actual -que le tocó la peor parte: morir- estaba al borde de los 25 años sin destino fluctuando entre changas y la mala vida, víctima de la falta de empleo genuino y de calidad de los años 90 para acá, un tejido social que estalló en mil pedazos y que la “década ganada” apenas disimuló con la expansión de planes sociales y cargos públicos.

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La prueba está en que al retirarse del poder el 10 de diciembre último dejó a un tercio de la población bajo la línea de pobreza, porcentaje que, por cierto, se viene ampliando en estos primeros casi nueve meses del nuevo gobierno.

Otra cosa que impresionó mucho en estos días fue la reacción agresiva y pública de familiares del delincuente asesinado.

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Y cómo eso era presentado casi como si fuese algo lógico e inevitable. El médico que mató debía temer más la venganza de esos parientes enojados que del veredicto de la Justicia, en caso de que se compruebe que se excedió y que por defender una pertenencia (su auto) se cobró algo de valor incalculable (una vida), lo cual sería, a todas luces, desmedido.

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Otra vez el mundo del revés: quien fue agredido con golpes y un pistolón es el que tiene que esconderse con su familia para evitar la anunciada represalia de los deudos.

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Tranquiliza un poco, al menos, que haya reaccionado la Unidad Fiscal de Instrucción N° 1 de San Martín al imputar al hermano del ladrón muerto por sus graves amenazas.

Carolina Píparo, que por culpa de una salidera bancaria en 2010, fue gravemente herida y, a consecuencia de ello, perdió su embarazo, apoyó al médico y dijo: ” Siempre buscamos no estigmatizar al delincuente.

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Nadie piensa en la estigmatización que sufrimos nosotros, las víctimas”.

La mirada demasiado condescendiente desde la Justicia y desde cierto discurso progre desata peores fantasmas en el otro extremo ideológico porque tampoco soluciona la tesis del “uno menos” que promueve la justicia por mano propia, ciertos apoyos celebratorios en las redes sociales de lo que hizo el médico y el aumento exponencial de armas en manos de particulares.

Según el sitio especializado Usina de Justicia se producen unos 3000 homicidios al año, lo que suma unos 30.000 en la última década.

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Cruel paradoja: el mismo emblemático número de los desaparecidos. Pero con estas 30.000 víctimas sigue pendiente la deuda estatal de llevar adelante una política coherente y duradera que sepa controlar este flagelo.

LA NACION Opinión.

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