El gerente general de Minera Alumbrera Limited, Raúl Mentz, será procesado por el juez federal número 2 de Tucumán, Fernando Luis Poviña, al considerar que existen los elementos necesario para responsabilizarlo por la transgresión de la ley ambiental, aunque la firma se mostró “en desacuerdo” con la decisión del magistrado y adelantó que apelará la medida.

Poviña trabó un embargo de un millón de pesos sobre el patrimonio de Mentz y sobreseyó al vicepresidente Julián Rooney.

El juez federal se expidió sobre una causa iniciada en 1999, por la denuncia de Juan Antonio González, investigador del Instituto Miguel Lillo, quien había alertado sobre la presunta contaminación detectada en la localidad de Ranchillos, ubicada en el este tucumano, como consecuencia del vertido de efluentes provenientes de la planta de secado de la empresa. El magistrado tucumano dio por demostrada la existencia de cobre por encima de los niveles legales permitidos en los efluentes que emite la compañía, informó el diario La Gaceta.

Poviña procesó a Mentz con el argumento de que este, en su entonces calidad de gerente de Desarrollo Sostenible de la firme, no podía ignorar que la compañía arrojaba elementos contaminantes, como tampoco que estos eventualmente podían afectar el ambiente y la salud humana.

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“En relación al imputado Mentz entonces ha quedado debidamente demostrado que poseía un cargo directivo y que en su ámbito de competencia, se encontraba, al tiempo del hecho, el control de la calidad de los efluentes que se descargaban”, sostiene la resolución.

Según el magistrado, el gerente general de la empresa “poseía el conocimiento específico en relación a qué tipo de elementos contaminantes arrojaba la empresa y con qué parámetros”.

“En este caso, se encontraba en la posición de garante respecto de los procesos de tratamiento de los efluentes para que estos estuviesen por debajo de los niveles de contaminación permitidos”, sostuvo Poviña.

La empresa emitió  un comunicado en el que expresa “su absoluto desacuerdo con este fallo” y adelantó que la resolución “será apelada”.

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“Con motivo de la supuesta contaminación que causaría la descarga que la empresa realiza en el canal de drenaje pluvial conocido como DP2, Minera Alumbrera aclara que ha sido y es respetuosa de la ley y de la Justicia, además de haber dado estricto cumplimiento a las normas ambientales vigentes a lo largo de sus 18 años de operación”, señala el comunicado.

La empresa fijó su posición a partir de los innumerables controles a los que ha sido sujeta por parte de las autoridades nacionales y provinciales (“evidencias obrantes en la causa y no debidamente valoradas”, según sostiene) y afirma que sus operaciones nunca recibieron “observaciones de ninguna naturaleza”.

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“En este caso específico es importante destacar que desde el inicio de sus operaciones Minera Alumbrera ha contado con todas las autorizaciones para realizar la descarga en el canalDP2, con renovaciones otorgadas en forma anual por parte de la Dirección de Minería de Tucumán”, añade la empresa.

Precisa que esa autorizaciones se realizaron luego de los periódicos controles realizado por las autoridades locales que “verificaron el estricto cumplimiento de la normativa aplicable: la Resolución 030 de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia”.

“Confiamos en que la instancia superior, en oportunidad de revisar la decisión adoptada, hará una correcta apreciación de la legislación aplicable y revocará la decisión de la Justicia de Primera Instancia”, precisa el comunicado en el que agrega que “Minera Alumbrera continuará contribuyendo, como lo ha venido haciendo, con el proceso y la investigación”.

Minera Alumbrera opera los yacimientos mineros cupríferos Bajo de la Alumbrera y Bajo del Durazno, ubicados en el noroeste de la provincia de Catamarca.

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© Victor Gill.

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