Entrevista a Paúl Cisneros , catedrático del IAEN

¿Cómo se explica la violencia en el proyecto minero de Panantza, en Morona Santiago?

La conflictividad en la zona no es nueva, pero ahora es más violenta. Es distinto de lo que venía sucediendo en el país, pero no es muy diferente de lo que pasa en otros países de América Latina, sobre todo en proyectos mineros que están en la fase de exploración avanzada. Una vez que pasan la siguiente etapa la naturaleza del conflicto cambia.

¿En qué sentido?

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En la fase de exploración es para impedir la actividad minera, pero cuando pasa a la fase de explotación, el conflicto es por el reparto de las regalías, por el control de los recursos, por el destino de la inversión, etc.

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Lo de Panantza es un ejemplo de lo que sucede cuando un proyecto está a punto de entrar a una nueva fase, que es la firma del contrato para explotación.

¿Y cómo se explica el grado de violencia?

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Por la falta de canales de diálogo con el Gobierno, el cual dijo que venía conversando con los diferentes actores.

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Al parecer, esa conversación no ha generado los frutos esperados. Y los actores en Panantza creen que pueden tener más influencia y están dispuestos a asumir los riesgos que implica el uso de la violencia.

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El pueblo Shuar está dividido sobre la explotación minera. ¿Por qué?

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Los conflictos en Morona Santiago empezaron a finales de los 90. Existen al menos dos intereses distintos dentro del mismo pueblo Shuar. Hay organizaciones que tienen un control del territorio, que todavía es significativo. Y otras, sin tierra, han formando organizaciones con el auspicio de las empresas mineras, en algunos casos, en busca de una forma de vida alternativa.

¿Se pueden evitar los conflictos mineros?

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Los conflictos en el sector son naturales.

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Pero al entrar tarde a la industria minera, Ecuador tenía la ventaja de observar otras experiencias y saber qué prácticas no funcionan.

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El Gobierno trajo asesores extranjeros para diseñar una estructura de manejo de la actividad minera. Pero la institucionalidad para manejar la conflictividad está por hacerse.

¿Cómo evidencia eso?

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No está claro cuál es el plan ni la estrategia para manejar los conflictos.

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El plan más reciente de desarrollo del sector minero es de junio pasado y tiene referencias vagas sobre la conflictividad.

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No se establecen acciones concretas para manejarla y controlarla. El Ministerio de Minería tiene hoy un Viceministerio encargado del tema, en conjunto con la Secretaría de Gestión de la Política.

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Pero no se conoce el plan ni lo que le corresponde a cada uno. Además, faltan definiciones sobre cómo manejar los territorios ancestrales. Hay principios constitucionales, pero no hay los mecanismos.

Pero ya hay una ley .

La ley que regula el reconocimiento y la adjudicación de los territorios ancestrales tiene apenas un par de meses.

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La institucionalidad para dar una solución de largo plazo para el manejo del territorio, donde la minería es un componente, no existe.

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¿Entonces es de esperar que los conflictos mineros aumenten?

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Mucho dependerá de cómo maneje el Estado la redistribución de las regalías mineras anticipadas, que ha sido la forma para disminuir la conflictividad.

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El Gobierno cree la gente se opone a la minería porque no tiene información o porque no ve un beneficio concreto.

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¿Y no es así?

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Es parcialmente cierto. Pero se olvida que mucha gente que vive en las zonas de conflicto cree que la minería no es compatible con las actividades locales y con el desarrollo de largo plazo de esas zonas.

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Hay una diferencia de fondo y eso no se soluciona con recursos.

¿Cómo se ha manejado esa oposición minera?

El Gobierno ha logrado aplacar a la oposición con dos medidas.

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Por un lado, haciendo más difícil la organización de la sociedad civil y, por otro, distribuyendo las regalías anticipadas para mostrar que la minería genera desarrollo y bienestar.

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Con eso se ha disminuido la conflictividad, por ejemplo, en el proyecto de Ecuacorriente y en Íntag

¿Y ha dado resultados?

Sí.

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Se ha desmovilizado a gran parte de las organizaciones que se oponía a la minería. Pero es una solución temporal.

¿Cómo generar un acuerdo de largo plazo?

Al igual que a las empresas les ayuda tener seguridad jurídica para realizar inversiones, a la sociedad civil le ayuda saber qué instituciones deben procesar estos conflictos.

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Se debe saber a quién acudir en caso de desacuerdos con una política pública, si la institución responsable está técnicamente capacitada y si políticamente tiene un aval del Estado para tomar decisiones.

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¿Y no existe eso?

Las instituciones encargadas de procesar las relaciones con la sociedad civil han ido cambiando en los últimos años.

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Primero era la Secretaría de Pueblos, luego pasó a otro ministerio y recientemente está en la Secretará Nacional de la Gestión de la Política.

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No se observa una estabilidad ni un plan concreto para que el Estado procese este tipo de conflictividad.

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Mientras se arman esas instituciones, ¿qué se espera en el corto plazo para aplacar el conflicto?

La primera medida es la militarización, para disuadir a varios actores de sus acciones.

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Por ejemplo, no habrá otra toma de un campamento por un tiempo. Además, muchas personas que han participado serán procesadas judicialmente, con lo cual se busca desmovilizar a las organizaciones.

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Con eso se aplaca la conflictividad momentáneamente y en un solo proyecto, hasta que pase a la fase de explotación.

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Ahí, la movilización radical disminuye y se negocian los términos de la distribución de la renta minera.

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Ahí puede ser más fácil llegar a acuerdos, siempre que haya una institucionalidad.

Su trayectoria?

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Doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios Políticos por la Flacso.

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Investigador principal en el proyecto ?La transnacionalización de los temas mineros en América Latina?, del Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Su punto de vista.

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?No hay una institucionalidad para manejar los conflictos mineros. La salida ha sido dificultar la organización social y distribuir las regalías mineras.

Ministro de Seguridad dice que personal desplegado a Morona Santiago no es excesivo La Policía busca a 20 nativos en la zona de Panantza Gobierno ofrece USD 50 000 de recompensa por los responsables de la muerte del policía en Morona Santiago Cuatro personas detenidas por el ataque al campamento minero de Panantza Vigilancia en San Juan Bosco aumentó.

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