De la reinvindicación democrática a la memoria herida del fracaso Por Hugo Vezzetti. Para La Nación

Hay que agradecer a la señora de Bonafini que haya hablado por todos: la celebración pública del 24 de marzo ha quedado definitivamente incorporada a las luchas políticas de un modo que ha cancelado la significación que alguna vez tuvo, la relación que establecía en la memoria histórica entre la causa de los derechos humanos, el repudio a la dictadura y la conmemoración de la democracia.

Este giro es la comprobación de la derrota de quienes en el movimiento de los derechos humanos habían buscado asociarse a un proyecto de reconstrucción democrática del Estado y la sociedad. Se dio a conocer una declaración, firmada por los organismos más representativos, que da sentido a la movilización.

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Bonafini no la firma, pero sus ideas triunfaron y están ahí. Lo que hay que recordar es la gesta revolucionaria aniquilada por la dictadura.

Seguramente muchos de los asistentes hubieran preferido un pronunciamiento menos faccioso, que recuperara el sentido inaugural que tuvo esa conmemoración, cuando estaba abierta a todos.

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Pero toca a ellos decirlo y en todo caso hacer algo para recuperar ese espíritu.

Esa degradación no empezó hoy.

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En 2001, a veinticinco años del golpe, la convocatoria se hizo con la consigna “El poder económico y los gobiernos de turno garantizan que el genocidio impune de ayer continúe con el genocidio de hoy”.

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Entonces era Cavallo y De la Rúa, hoy es Macri. El presidente Kirchner consolidó el rumbo sectario en la apertura de la ESMA, en 2004. No sólo negó el Juicio a las Juntas sino que también aceptó el veto que algunos dirigentes de los organismos ejercieron contra la presencia de gobernadores (peronistas, ya que los otros ni siquiera estuvieron en la lista de invitados; hubo una solicitada de los excluidos, cuando todavía se animaban a mostrar disidencias públicas con el jefe).

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El mismo Kirchner añadió una nota más en el extravío cuando, en el conflicto sobre las retenciones, confundía los tractores con los tanques.

El ardor de los combates aplasta el pasado, alucina continuidades, suprime la historia, que es el conocimiento de lo que cambia en el devenir.

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El documento comentado es un ejercicio de manipulación del pasado. Omite toda responsabilidad de Perón y el peronismo organizado en crímenes desde el Estado, así como de los asesinatos descargados por la guerrilla desde el comienzo del gobierno constitucional inaugurado en 1973, que parecen recubiertos por el halo de unas luchas que están más allá de los derechos.

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Insiste en denunciar a la embajada de Estados Unidos entre el “sector civil” de la dictadura. Después de cuarenta años, ¿los firmantes por el CELS o la APDH suprimieron de su memoria a Ted Harris y Patricia Derian? Omite en cambio a Cuba que como satélite de la Unión Soviética acompañó la política de rechazar las denuncias internacionales contra la dictadura argentina.

Reivindica las luchas de los 30.000 detenidos-desaparecidos y no admite que pueda haber un debate público sobre el tema.

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Ahora bien, ¿cómo se puede reivindicar esas luchas y al mismo tiempo afirmar sin pestañear que unos 20.000 de esos luchadores (más del doble de los conocidos) tuvieron una actuación política y social tan insignificante que ni siquiera dejaron el recuerdo de su nombre? ¿Quiénes hacen más negacionismo, si por tal se entiende la voluntad de borrar toda discusión en la memoria de esas luchas?

La declaración esta llena de paradojas.

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No se priva de respaldar a Nicolás Maduro en el autogolpe contra el parlamento venezolano. Que los organismos históricos lo firmen muestra la profundidad del oprobio en que ha caído el discurso público de los derechos humanos: el sufragio, las libertades civiles y la justicia independiente no se incluyen entre los valores que defiende.

Celebremos, con todo, que nadie mentó una metralleta en la gozosa evocación de la guerrilla.

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El helicóptero reemplaza las armas y hay que reconocer allí cierto progreso. (En un sentido similar a la amarga ironía de Freud cuando supo que se habían quemado públicamente sus obras en Berlín: “¡Cuánto ha avanzado el mundo; en la Edad Media me hubieran quemado a mí”.

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Se equivocaba: quemaron a millones.)La figura del helicóptero evoca un fantasma insensato pero que al mismo tiempo se ha mostrado eficaz en las movilizaciones sectoriales: un golpe civil de masas para derrocar a un gobierno.

No hay que tomar el símbolo a la ligera.

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Porque el primer helicóptero en la serie histórica de los derrocamientos fue el de Isabel, es decir, el comienzo de la dictadura.

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Que se lo reivindique un 24 de marzo en un acto que pretende rechazar esa misma dictadura muestra el pozo de la degradación de una fecha simbólica que puede ahora quedar asociada a otro proyecto de asalto al poder constituido.

La conclusión es fácil para quien conozca el imaginario de un izquierdismo cerril que ha terminado impregnando esa configuración ideológica (un magma residual del estalinismo y el castrismo con sus expresiones caricaturales en el “madurismo”): el problema no es la dictadura sino quién la ejerce.

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Se desprende que otra sería la historia si hubiera triunfado una dictadura del pueblo o la clase representados por personajes tan característicos como Firmenich o Galimberti.

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“No nos han vencido”, dice la declaración. ¿Quiénes hablan? Lo que comenzó, en 1983, bajo la consigna del “Nunca más”, como un rechazo de toda dictadura y una reivindicación incondicional de la democracia se ha convertido en la memoria herida del fracaso y la derrota del proyecto revolucionario de los años setenta.

El autor es historiador y ensayista.

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Es autor de Sobre la violencia revolucionaria y Pasado y presente (Siglo XXI)

Un dilema moral entre hechos, estimaciones y sensibilidades Por Andrés Malamud.

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Para La Nación

Quien salva una vida salva al mundo entero, reza el Talmud. El cine inmortalizó esa cita en La lista de Schindler . Pero quien siega una vida no siega al mundo entero, sino a un mundo que es único. Y quien siega muchas vidas siega muchos mundos únicos. Por eso, el número importa. Contar no es estigmatizar.

Pero la política argentina tiene un problema con las matemáticas. Un problema que recrudece cada 24 de marzo, y el último no fue la excepción.

El celebrado teorema de Martín Kohan, “no sabemos, ergo son 30.000”, es una oda a la sinrazón.

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El lema de algunos diputados de Cambiemos, “nunca más a los negocios con los derechos humanos”, es una oda a la polarización.

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Tal es la Argentina de Macri y Cristina, de Milani y Gómez Centurión. Corea del Norte siempre es el otro.

El maniqueísmo nacional tiene una larga historia. La democracia naciente fue un intento por superarlo: “Al combatir al demonio con las armas del demonio, la Argentina se convirtió en un infierno”.

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Esto afirmaba Raúl Alfonsín en 1983, dando origen a lo que algunos bautizaron como “teoría de los dos demonios”.

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En realidad, Alfonsín nunca aceptó esta interpretación; en sus palabras, “el terrorismo de Estado es el peor de todos los terrorismos”.

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Pero los fanáticos no escuchan razones, y el primer presidente de la democracia aparece asociado a una idea que no compartió.

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Los Kirchner tuvieron más suerte. Habiendo votado una vez por la autoamnistía y dos veces por el indulto, se permitieron olvidar la Conadep, el Juicio a las Juntas y el Banco Nacional de Datos Genéticos cuando ningunearon la lucha que los precedió.

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Haberse unido a ella, aunque fuera veinte años más tarde, los dignifica.

Fue, casualmente, un 30 de octubre cuando le escribí por primera vez a José Luis D’Andrea Mohr.

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Capitán del Ejército, D’Andrea Mohr pidió el pase a retiro en 1976 tras negarse a reprimir una manifestación.

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Volvió a alistarse en 1978, ante la inminencia de un conflicto con Chile, y dejó de nuevo el Ejército con la desmovilización.

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Ya en democracia, fundó el Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida) junto con otros camaradas que habían combatido la dictadura.

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Colaboró con valiosa información en los juicios contra los represores, donde mostró años de investigación sobre desaparición de personas y robo de bebés.

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La contribución del Cemida fue muy relevante en las causas contra los jerarcas del Proceso.

En el año 2000, desde Florencia, le mandé un mail para consultarlo sobre la información actualizada.

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Me respondió en el acto, en un mail que conservo y que transcribo textual: “En el libro Memoria debida clasifiqué casi 8000 desaparecidos.

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Ese número resultó de los casos en los que había certeza de lugar y fecha de secuestro, como datos básicos para establecer responsables militares por zona, subzona y área.

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Pero hay más, muchos más casos, como también hay personas desaparecidas cuyos cadáveres fueron encontrados después de terminado el informe Conadep.

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Por lo tanto y para mí, el número es incierto y de difícil precisión. Pero estimo en 18.000 el número real, aunque podría estar muy equivocado ante quienes, con argumentos, hablan de más de 30.000.

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Estoy trabajando en ello, pero me falta bastante para acercarme a la verdad”. D’Andrea Mohr sabía que los desaparecidos habían sido al menos 8000, estimaba que podían ser 18.000, pero no se peleaba con quienes, “con argumentos, hablan” de 30.000.

Aprendí dos lecciones de semejante caballero.

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Primero, que la verdad se construye con investigación y con argumentos, no con teoremas ideológicos. Segundo, que es posible distinguir entre hechos, estimaciones y sensibilidades, y que cada uno de ellos tiene sus razones.

La Argentina constituye un ejemplo mundial por la construcción de su justicia transicional.

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Ésta no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla después de un conflicto armado. Consiste en un conjunto de medidas judiciales y políticas orientadas a la reparación por violaciones masivas a los derechos humanos.

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Cuenta con cuatro instrumentos: las acciones penales, los programas de reparación, las reformas institucionales y las comisiones de la verdad.

Las acciones penales se dirigen a los criminales de mayor responsabilidad y buscan la sanción punitiva.

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Las reparaciones reconocen los daños sufridos y toman medidas para compensarlos, que pueden incluir desde pagos monetarios y servicios sanitarios hasta resarcimientos simbólicos como disculpas públicas o feriados conmemorativos.

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La reforma institucional procura desmantelar el aparato represivo para evitar tanto la repetición como la impunidad.

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Finalmente, las comisiones de la verdad buscan develar lo que la represión clandestina ocultó.

El problema es que, a veces, la verdad y la sanción entran en conflicto.

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Como sólo los culpables guardan el registro completo de sus crímenes, es necesario reducirles la pena a cambio de información.

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Este dilema moral, como todo dilema, no tiene solución: para lograr un objetivo tenemos que renunciar, aunque sea parcialmente, a otro.

El capitán D’Andrea Mohr falleció el 23 de febrero de 2001, pocos meses después de nuestro intercambio, sin culminar su investigación.

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Pero nos dejó algo de mucho más valor: su ejemplo. Aunque no tengan solución, los dilemas se pueden administrar bien o mal: para hacerlo bien necesitamos tanto del rigor como de la sensibilidad.

El autor es politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa

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