Cuando en 2012 entró a regir el nuevo Sistema General de Regalías para distribuir mejor los millonarios ingresos por la explotación minera y petrolera, muchos pensaron que se iban a acabar los problemas de corrupción y las obras inconclusas en esos municipios. Pero pasados cuatro años la realidad demuestra que el país no aprendió de los errores del pasado y que han vuelto a aparecer cientos de elefantes blancos en todo el país.

Así se desprende de un informe realizado por la Contraloría General de la República, que analizó los resultados del nuevo esquema teniendo en cuenta los recursos entregados y el uso que se hizo de ellos. Entre 2012 y 2015 se distribuyeron 35,4 billones de pesos para inversión, ahorro y funcionamiento del sistema, gracias a la bonanza de los precios del petróleo que llegaron a estar por encima de 100 dólares el barril.

En este tiempo se aprobaron alrededor de 10.000 proyectos por 20,7 billones de pesos, una cifra que sorprende si se tiene en cuenta que uno de los objetivos principales del nuevo esquema era autorizar grandes proyectos con impacto regional y no miles de pequeñas obras regadas por todas partes.Pero lo más indignante es que no todos los recursos se están manejando de una manera adecuada y que los nefastos elefantes blancos, es decir, obras con recursos públicos sin construir, abandonadas o con millonarios sobrecostos, se niegan a desaparecer.

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Esto se presenta a pesar del seguimiento del Departamento Nacional de Planeación, que a decir de algunos analistas tendría que ejercer un mayor control en este tema.

El contralor Edgardo Maya puso el dedo en la llaga al denunciar hallazgos fiscales por 242.000 millones de pesos en 2016, en una muestra de 17 departamentos y más de 30 municipios que corresponden a cientos de obras que no prestan servicio a la comunidad.

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“Es preocupante cómo se siguen detectando casos de elefantes blancos” , dijo el funcionario, quien señaló que los departamentos con los mayores hallazgos son los que reciben más regalías como Meta, que encabeza este deshonroso ranking con irregularidades por más de 110.000 millones de pesos.

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Le sigue Casanare con más de 40.000 millones y algunos de la costa Atlántica como Córdoba, con más de 30.000 millones de pesos.

Las mayores irregularidades se presentan en proyectos de acueducto y alcantarillado, colegios, hospitales y viviendas, que son necesidades prioritarias para la población más pobre.

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Los dineros se esfuman y las obras no se terminan.

En Arauca, por ejemplo, está en total abandono la construcción de una planta de tratamiento de agua potable donde hay un hallazgo fiscal por 10.824 millones de pesos.

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En el municipio de Tauramena, Casanare, el acueducto río Caja está inactivo y deteriorado. Lo mismo sucede con el sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Aguazul. En Paz de Ariporo se invirtieron 6.660 millones de pesos en un megacolegio que quedó abandonado desde 2013.

En el Meta está comprometida una inversión por 9.220 millones de pesos para construir la refinería de Llanopetrol, un polémico proyecto gestionado cuando Alan Jara era gobernador, sobre el cual se ha detectado un alto riesgo de perder los recursos.

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Según la Contraloría “físicamente no se evidencia ningún proceso constructivo de la refinería y lo que tiene son una serie de problemas jurídicos y tributarios”.

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En este departamento, donde más protestas se presentaron con el nuevo sistema de distribución, también están en el aire otros proyectos con recursos de las regalías petroleras.

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El Centro de Atención Hospitalario de Uribe no ha comenzado a funcionar porque no se contempló la conexión al sistema de energía eléctrica.

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Además están abandonados colegios, bibliotecas y hospitales, convertidos en tristes monumentos a la corrupción.

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