La noticia de que Laureate, grupo internacional que incluye en su propiedad a las universidades Andrés Bello, De las Américas y Viña del Mar, además del instituto profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música, se abrió a la Bolsa en Estados Unidos desató una polémica en el país.

Por primera vez se hacían públicas las cifras del holding en Chile, que el año pasado sumó ingresos por          US$ 536 millones, y el tema del lucro en sus universidades volvió a instalarse en el debate. Discusión que tuvo al Ministerio de Educación (Mineduc) como protagonista, luego de que su titular, Adriana Delpiano, anunciara que recurriría al Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), hoy InvestChile, para requerir la información respecto de los seis contratos que suscribió el grupo Laureate con el Estado chileno, y que suman más de US$ 265 millones.

Dicha solicitud se materializó hace algunos días, según confirman desde InvestChile, cuando se entregó al Mineduc la información correspondiente a los documentos que permitieron el ingreso de capitales y el marco legal que ofrecía el hoy derogado Decreto Ley 600.

“InvestChile, en su calidad de sucesor y continuador legal del CIE, ha estado colaborando con el Ministerio de Educación, en el sentido de entregar toda la información que existe en poder de este servicio, y lo seguirá haciendo en la medida en que se requiera”, detallaron desde el organismo.

Dicha diligencia se enmarca en la investigación que lleva el Mineduc por la sospecha de lucro en contra de la Universidad Andrés Bello y De las Américas.

Los contratos

Los contratos suscritos por Laureate se llevaron a cabo gracias al Decreto Ley 600, “mecanismo de transferencia de capitales mediante el cual el inversionista extranjero, que cumpliera con ciertos requisitos, podía acceder a ciertas garantías”, señalaron desde InvestChile. 

Según el ente estatal, Laureate informó en su solicitud que “el capital autorizado a ingresar bajo el DL 600 será destinado a enterar o pagar el capital social de una sociedad chilena receptora de su inversión, la que en ninguno de los contratos suscritos por Laureate es una universidad”.

Documentos

Mediante  solicitud de Transparencia, La Tercera tuvo acceso a los tratados que realizó Laureate entre 2001 y 2014, en donde se garantiza que Laureate cuenta con el derecho de “transferir al exterior su capital y sus utilidades líquidas”.

Pero también se observa en los documentos un ar-       tículo que señala que a Laureate “le serán aplicables la legislación y la reglamentación vigentes en lo relativo a sus actividades. La presente autorización es sin perjuicio de cualesquiera otras que, en conformidad a tales legislación y reglamentación, deban ser otorgadas por las autoridades competentes”.

Jorge Bofill, abogado de Laureate, ha señalado que la empresa “siempre dijo quién era, le mostró al Comité de Inversiones Extranjeras su forma jurídica y que tenía fines de lucro en el extranjero”. 

Sin embargo, desde InvestChile precisan que estos contratos, que otorgaba entonces el CIE, se referían a la transferencia de capitales extranjeros a Chile y no suponían “la autorización de un proyecto específico y determinado”.

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

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En ese sentido, sostuvieron desde el organismo que la autorización no eximía al inversionista extranjero “de cumplir con las obligaciones emanadas de la normativa sectorial aplicable en Chile a su proyecto de inversión y tampoco las facultades de control o fiscalización de los organismos sectoriales competentes”.

El Mineduc señaló que la indagatoria a los dos planteles del holding están “en fase preliminar, por lo que no corresponde referirse a las diligencias específicas de sus respectivas tramitaciones mientras estén en desarrollo”.

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