La resolución 9.855 del Ministerio del Trabajo que autoriza al Gobierno a “pedir prestado” el recurso humano de cualquier empresa para reactivar al sector agroalimentario, disparó las alarmas en los sindicatos, los cuales consideran que la medida se enmarca dentro de la militarización de la relación laboral.

La coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), Marcela Máspero, explicó que la decisión “somete a los trabajadores a la servidumbre o trabajo forzoso y militariza la relación patronal”, pues viola la Ley Orgánica del Trabajo y convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al generar un caso de servidumbre.

“Forzar a un trabajador a insertarse en una empresa diferente en la que trabaja, sin que medie su autorización, es esclavismo”.

La resolución divulgada el martes, estipula que las empresas están obligadas a ceder a sus trabajadores, pero obvia la voluntad del empleado.

Ante esto, Máspero recordó que entre los acuerdos suscritos por el país con la OIT está la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio que, según la definición oficial, es la labor “exigida a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

Apunta que la “gravedad” de la medida además pasa por introducir la ideología militar, pues se quiere disponer de los trabajadores como si fueran soldados, “movilizarlo de sus puestos sin poder negarse”.

Máspero adelantó que Únete está consultando las acciones de calle y legales que interpondrán contra la medida.

Mientras, el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y exlíder sindical, Andrés Velásquez, advirtió que con el decreto, el Gobierno pretende de manera írrita disponer sin impedimento alguno de todos los trabajadores del país. “Este tipo de medidas sólo las he visto ser aplicadas en dictaduras comunistas como las de Cuba y Corea del Norte, entre otras. Se trata de un estado de excepción militar e ilegal”, argumentó.

A la OIT

Agregó que con la resolución, el Gobierno viola los contratos colectivos que amparan a la masa laboral del país. Apuntó que acudirán a la OIT a presentar una denuncia.

Aunque el Gobierno prefirió mantener silencio sobre la resolución, el ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, anticipó el fin de semana, que “la fuerza de los trabajadores garantizará la soberanía alimentaria”. Detalló que los planes de productividad de las empresas recuperadas serán debatidos con los empleados.

Ahuyentar inversiones Andrés Velásquez aseguró que el decreto nogenera confianza en el país sino al contrario, “el abuso de poder, y que no se respete el Estado de derecho, lo que hace es ahuyentar las inversiones de Venezuela”.

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© Luis Alfonso Oberto Anselmi

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