“No tengo ninguna relación personal con ninguno de ellos. Está bien que estemos en la contingencia política, pero ésta tiene un límite, que es la honra de las personas”. Así respondió la directora del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Jeanette Vega, las acusaciones de un presunto vínculo con los dueños de Clínica Ensenada, el centro privado que más pacientes ha recibido este año, provenientes del sistema público, por falta de cupos de hospitalización.

El centro de salud, creado en 2014, ha sido cuestionado  por tener entre sus asesores al ex presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, cercano al Partido por la Democracia (PPD), al igual que Vega.

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A las críticas se sumaron parlamentarios y miembros del gremio, que apuntan eventuales conflictos de interés. 

“Es una acusación que no tiene ningún asidero, me parece que es una acusación injusta y aparte, artera”, dijo Vega, quien agregó que las clínicas que prestan servicios al seguro público en la provisión de camas de cuidados intensivos, lo hacen mediante licitación, descartando un trato directo con ellas.

Los reparos a la Clínica Ensenada apuntan a que no ha acreditado la calidad de sus prestaciones ante la Superintendencia de Salud, requisito para entregar prestaciones Auge/Ges.

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A esto se suma el estar ubicada en un stripcenter, no tener página web -el sitio está en construcción- y, aún así, liderar en el país la venta de camas al sector público, tras recibir, entre enero y julio de este año, un total de 476 pacientes, y facturar poco más de $ 2.448 millones al Estado.

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Otras suspicacias, además, apuntan a que se  haya creado en 2014, a la par del inicio de la actual administración.

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El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, explicó que la Clínica Ensenada “se sometió al proceso de acreditación en abril de este año y le fue mal.

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A partir de eso, en la lógica de seguir funcionando, se amparó en una excepción establecida”, dijo, aludiendo el último decreto Auge/Ges del Ministerio de Salud, que, ante el retraso en la acreditación de algunos hospitales y para evitar que provincias completas quedaran sin atención, flexibilizó la norma, otorgando un mayor plazo y facilidades.

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Eso, pues, originalmente, los centros sin la certificación quedaban impedidos para atender casos Auge.

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“Esto está dentro de las excepciones definidas por el decreto, que establece que (los recintos) pueden someterse de nuevo al proceso durante este semestre y, si llegasen a fracasar nuevamente, no podrán seguir entregando prestaciones Ges”, agregó Pavlovic.

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Desde la seremi de Salud Metropolitana, confirmaron que el centro “tiene autorización sanitaria en relación con el equipamiento de la clínica, con la infraestructura y con el personal acreditado que trabaja en la clínica”.

Lo anterior fue reafirmado por Vega: “Fonasa no financia ningún prestador que no cumpla los requisitos legales para proveer servicios al Estado”.

En tanto, desde Clínica Ensenada manifestaron que “es esperable que en el primer proceso de acreditación de una institución de salud no se logre cumplir a cabalidad todos los detalles que se solicitan o requieren” y que, en este caso “se trató de temas administrativos y en ningún caso tienen relación con temas clínicos”.

Sobre los reparos de médicos y parlamentarios, referidos a que el recinto no tiene urgencia ni recibe a pacientes en forma directa, sino solo trasladados de otros centros, afirmaron que  el recinto se especializa  “en la atención de pacientes críticos derivados desde otras instituciones de salud, que se encuentran sin disponibilidad de camas críticas.

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Por lo tanto, nos especializamos exclusivamente en la atención de pacientes críticos adultos no quirúrgicos y así quedó reflejado en nuestra oferta en la licitación pública del año 2015″. 

Comisión Investigadora

La Cámara de Diputados votará el martes la conformación de una comisión investigadora para indagar las compras públicas desde Salud, específicamente de Fonasa, además de irregularidades de las sociedad médicas en los hospitales. 

El diputado Juan Luis Castro (PS), indicó que la instancia busca “aclarar en qué condiciones aparecen, no sólo la Clínica Ensenada, sino otras clínicas nuevas, dando prestaciones complejas sin estar acreditadas por la Superintendencia de Salud, sin tener página web conocida  y con tarifas y precios que en algunos casos están sobre el promedio normal del mercado”.}

Izkia Siches presidenta del Colegio Médico de Santiago, dijo que se debe “transparentar el gasto de recursos públicos.

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Si  hay conflictos de interés, no podemos seguir tapándolos. Hay que investigar y dejar estas prácticas, porque le salen caro a Chile”.

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