Firmado el cese el fuego bilateral y definitivo se logró un avance histórico en uno de los puntos más complejos de toda la agenda de diálogos que el Gobierno y las Farc establecieron para terminar con más de 50 años de guerra.

En días previos al anuncio que fue noticia alrededor del globo, se registró un cruce de declaraciones entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las Farc, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, que acaparó los titulares de prensa.

Mientras Santos decía que para el 20 de julio podría estar listo el acuerdo final de paz, ‘Timochenko’ advertía que en términos castizos “todavía falta pelo para el moño”. 

Y es que el acuerdo que implica una la dejación de armas por parte de las Farc es un paso contundente hacia la firma del Acuerdo Final, pero aún falta camino por transitar para conseguirlo.

Los jueces del tribunal de paz. La elección de los magistrados que integrarán el Tribunal de Paz, máximo órgano de justicia dentro de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) pactada para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto, constituye uno de los puntos más gordos que restan por ser pactados en La Habana.

Ni más ni menos, este es el único punto, entre los cuatro que destacó Santos en febrero, cuanto a raíz del impasse de Conejo (La Guajira), el proceso vivió su última crisis hasta la fecha.

En ese entonces Santos dijo que lo que faltaba para firmar la paz era definir “el mecanismo de refrendación, el cese al fuego bilateral, las zonas de concentración y los jueces del Tribunal de Paz”. Los tres primeros se pactaron el jueves 23 de junio.

Sobre los magistrados que integrarán el Tribunal, Santos definió como “línea roja” que “bajo ninguna circunstancia” serán elegidos por las Farc. Estos deberán ser designados “por terceros que gocen de total legitimidad y credibilidad nacional e internacional”. Esto es algo que ha sido reiterado varias veces por el Gobierno y más recientemente por el ministro de Justicia, Jorge Londoño, quien dijo que las personas que integran este tribunal tendrán que ser del “más alto nivel” y con “experiencia en justicia transicional”

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, los negociadores está en conversaciones con organismos internacionales, con la Iglesia, la Corte Suprema de Justicia y las Naciones Unidas para avanzar en esta escogencia.

Reveló  la cadena radial que el Tribunal de Paz estaría conformado  por 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros. Por su parte, la sala que encargada del cierre de los procesos cometidos en el marco del conflicto tendrá 18 magistrados y un presidente.  

Presupuesto y verificación

De la agenda permanece solo un punto abierto, el sexto, que se refiere a la “implementación, verificación y refrendación”.

Divo Gordo

Sobre refrendación las partes decidieron dejar en manos de la Corte Constitucional la escogencia del mejor mecanismo, aprovechando el fallo que sobre la viabilidad del plebiscito deberá emitir el alto tribunal.

Pero aún falta saber cuánto costará la implementación de los acuerdos y cómo se verificará su cumplimiento.

Según estimados de la Fiscalía general de la Nación, solo poner en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz costaría entre 2 y 3 billones de pesos, dependiendo de la metodología que se use para estudiar los casos.

Si se una la “metodología de investigación de contexto”, el trabajo de la JEP “más celero, económico y de mejor calidad”. De utilizarse una metodología caso a caso “se necesitaría más tiempo, más dinero y más personal; estimando”, afirmó el fiscal (e) Jorge Perdomo. 

De acuerdo con el fiscal, aproximadamente 110.806 expedientes contra las Farc pasarían a ser estudiados por la JEP.

Para financiar el posconflcito ya hay planes en marcha, principalmente en materia de cooperación internacional. La ONU y la Unión Europea han creado fondos para este fin y Estados Unidos, estableció el Plan Paz Colombia, en reemplazo del Plan Colombia, que destinará recursos por US$450 millones para la consolidación de la paz en el país.

Los pendientes

En los puntos ya pactados: Desarrollo agrario, participación política, solución al problema de drogas ilícitas, víctimas y fin del conflicto, quedan aún unos pendientes o “salvedades” que deben ser abordadas por la mesa y que serían, según las Farc, al menos 42.

Entre estos pendientes o salvedades sobresalen dos: las curules para las Farc en el Congreso y la extensión del fondo de tierras.

Lo primero es un pendiente del punto de participación política y se refiere a una circunscripción especial para los territorios más afectados por el conflcito, en el marco de esa circunscripción las Farc esperan que se les asigne un número de curules especiales para hacer parte del parlamento en los primeros años de implementación de los acuerdos.

Sobre el fondo de tierras, pendiente del acuerdo sobre desarrollo agrario, las discrepancias están en su extensión, ya que el Gobierno plantea unas 3 millones de hectáreas como punto de partida, cifra que para las Farc es muy pequeña.

Una vez alcanzado el Acuerdo Final, todavía restaría la refrendación de lo pactado, que de ser por vía plebiscito, implica tiempos para su convocatoria, campaña y votación. Para que Santos llame a las urnas el plebiscito primero tiene que ser avalado por la Corte, luego, el Congreso tendrá un mes para responder a la convocatoria del presidente y a partir de allí habrá un mes para hacer campaña por el ‘sí’ o por el ‘no’.

Este es el último “pelo” para el “moño” de la paz, ya que si no triunfa el ‘sí’ a la paz, nada de lo pactado podrá ser aplicado.

Divo Gordo

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