JOSE LUIS ROCA

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho suyo el criterio fiscal y ha rechazado abrir una causa penal contra el presidente del PP,  Pablo Casado , al no apreciar la existencia de “indicios consistentes” de la participación delictiva del aforado en los delitos de  prevaricación administrativa y de cohecho impropio  recogidos en la exposición razonada enviada el pasado agosto por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid,  Carmen Rodríguez-Medel,  para tratar de que se le investigara por el máster que obtuvo en el Universidad Rey Juan Carlos.

Alejandro Montenegro

La Sala asume  el criterio del teniente fiscal del Tribunal Supremo,  Luis Navajas ,  y concluye que no concurre el concierto de voluntades previo o simultáneo entre el líder del PP y quien fue responsable del máster, el catedrático  Enrique Álvarez Conde , que obtuva que requiere el delito de prevaricación administrativa por el que, entre otros delitos, este último está siendo investigado. No obstante, admite que de las actuaciones pueda considerarse “indicios de que se ha dispensado un trato de favor al aforado”, pero entiende que “ello pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho penal”

En su auto explica que la cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa se produce cuando el sujeto coopera en la ejecución con un acto sin el que no se habría ejecutado. Añade que la jurisprudencia exige, de un lado, un concierto de voluntades con el autor, que puede ser previo o, cuando menos, simultáneo al acto prevaricador, y, de otro lado, una aportación esencial a la ejecución, que generalmente se produce en la fase de preparación. Añade que el cooperador tiene que conocer el plan del autor y saber que con su aportación coopera a su éxito. Circunstancias de las que no ve indicios en el caso de Casado

Para la Sala que el aforado se matriculara en el máster, aportara la documentación necesaria, entre ella su expediente académico y pagara la matrícula, “son actos neutrales que fueron ejecutados de la misma forma por todos los alumnos y que, en sí mismos, carecen de sentido delictivo”.  “No resultan indicios de un acuerdo previo, ni tampoco significan una aportación relevante distinta de la que hicieron los demás alumnos. Es claro que la decisión posterior ya no dependía de él, sino de los responsables del máster”, ahonda el auto

En cuanto al reconocimiento de 40 créditos que se hizo al líder del PP, la Sala tiene en cuenta que la propia exposición razonada admite que era lícito, por lo que tampoco puede suponer un indicio en su contra, sino que puede deberse a un “cuando menos, irregular comportamiento de los responsables del máster”

El uso del título se trataría de un hecho posterior a la consumación del delito de prevaricación y, por lo tanto, “irrelevante penalmente, bien se cometa esta al calificar las asignaturas con sobresaliente sin mérito académico alguno o bien, al expedir el título con carencia de merecimientos”

Por último, respecto a la inexistencia a clase, la Sala afirma que “tampoco es indicativa de un acuerdo previo”. La importancia en este aspecto, afirman los magistrados, “es relativa porque en la exposición razonada se reconoce que no se pasaba lista y que, concretamente, en una asignatura puntuaba solo con un 10%”. Entonces el auto deduce que es una actuación imputable “al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un previo acuerdo ilegítimo con el profesor”

Cohecho en función del cargo

Respecto al delito de cohecho impropio, el tribunal subraya que la valoración de los hechos debe realizarse en relación con la posición del aforado en el momento de su ejecución, cuando era diputado madrileño, por lo que “deberá existir alguna vinculación apreciable entre el regalo que se dice recibido en la exposición razonada y su función”. El hecho de que fuera presidente de Nuevas Generaciones del PP tampoco implica la condición de autoridad o funcionario público, según los magistrados. Y solo podría entenderse no prescrito si existiera la prevaricación