Los proyectos de infraestructura y de carácter estatal en Panamá carecen de estudios serios que permitan calcular con mediana exactitud su costo final. El modelo adoptado por el Gobierno para su desarrollo, por parte de las empresas contratistas, termina siempre con modificaciones onerosas en perjuicio del Estado. Urge que el Gobierno contrate a profesionales idóneos y deje de hacer politiquería en los nombramientos, pues es evidente que nos ahorraríamos millones de dólares si contáramos con personal especializado. Pero, además, los políticos de turno se ahorrarían las crecientes sospechas y suspicacias que genera el encarecimiento de estos proyectos, ya que está probado que estas adendas también han servido para malos manejos, y de ello hay pruebas abundantes y vergonzosas. Los políticos deben ser diligentes con el uso de un dinero que, además, no les pertenece. Es muy probable que el manejo de las finanzas de sus negocios diste mucho de cómo administran nuestros impuestos. Pero puede más el clientelismo. Llenan el aparato gubernamental de personas cuya única credencial es ser miembro del partido político en el poder, sin los conocimientos necesarios para los cargos que desempeñan. Está visto que en el Estado la eficiencia nunca ha sido una prioridad.

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