Cuando en una sociedad se llega a discutir el derecho al fútbol el problema deja de ser político: es cultural. Tal vez por eso la mayoría de los cambios impulsados por el Gobierno terminaron en marcha atrás o marcha a medias. Macri no ha mostrado ?al menos hasta ahora? un tipo de liderazgo que permita impulsar esos cambios que, por culturales, de todos modos no se advertirían en poco tiempo sino, con suerte, en un mediano plazo.

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El kirchnerismo no sólo fue una revolución de Playmobil o la dominación cínica de una banda preocupada nada más que por el saqueo y el poder: sostuvo su mentira en base a hacerle creer a la sociedad que conductas extraordinarias eran normales.

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Es normal que Hebe de Bonafini no tenga que declarar ante la Justicia, lo anormal es que todos seamos iguales ante la ley (Hay personas más iguales que otras).

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Es normal que se necesite plata para hacer política y, entonces (teoría Brienza) robar recursos públicos es una conducta de reparación social.

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Quienes los critican no son normales; son decentistas o denuncistas que no advierten que el primer robo se produce con el derecho de propiedad (Eso sí, los propietarios somos nosotros).

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Y así. Se hizo normal, entonces, que el Estado pagara la luz, el agua, el gas y el transporte de los contribuyentes.

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Cuando se me ocurrió decir en la radio y en la televisión que eso no sucedía casi en ningún lugar del mundo, comenzó una campaña de robots K (me importa poco que sean robots o personas; si son personas se comportan como robots porque no piensan por sí mismos) con el título unificado de ?Hasta el FMI desmiente a Lanata?, donde se publicaba una serie de gastos de los subsidios mundiales a la energía.

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Claro, pobres robots, entendieron mal: hablaba del subsidio a las tarifas y no a la industria. Necesitan aunque sea la sutileza de un hipopótamo para advertir que es muy distinto. Según un documento del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) titulado ?Buscando la diagonal, cómo reducir subsidios protegiendo a los sectores vulnerables?, firmado por Magdalena Barafani y Lucio Castro, ?los subsidios equivalen a trece veces lo ejecutado por la Asignación Universal por Hijo en 2014, cuatro veces el gasto educativo nacional en 2013 y tres veces la inversión anual en infraestructura en el mismo año?.

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Durante los años de la revolución de papel picado ningún militante advirtió, tampoco, que sobre los beneficios de los subsidios, el 30% era absorbido por los sectores de mayores ingresos, y apenas el 10% por los más pobres.

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Más de la mitad de los subsidios se destina al área metropolitana de Buenos Aires, donde el subsidio por habitante triplica al recibido en las provincias de menor desarrollo relativo del norte del país.

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Entre 2006 y 2015 los subsidios aumentaron cinco veces como porcentaje del Producto Bruto Interno, y la energía explica el 70% de los subsidios; el transporte recibe el 1,2% del PBI y agua y saneamiento el 0,3%.

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Los subsidios fueron la escenografía del kirchnerismo: mientras la inflación se ocultaba, los subsidios enmascaraban sus efectos.

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Lo mismo sucedió con la deuda externa cuando se transformó en interna: total, nadie le pagaría jamás al Banco Central.

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Entre 2013 y 2014 las tarifas residenciales de energía cayeron alrededor del 70% y se ubican en los niveles más bajos de la historia, cercanos a los de 1970 (el setentismo, finalmente llegaba en algo).

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En el AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires), el costo del boleto de transporte público cayó casi en un 30% en promedio desde 2003.

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Aunque en el área los gruppies de los caudillos no resultaron federales: el transporte costaba $ 3,69 en el AMBA, $ 5,75 en Rosario y $ 7,03 en Córdoba.

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El CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica de la Universidad de Belgrano), comparando las tarifas eléctricas en la Argentina y en América del Sur en febrero de 2016, afirma que ?un usuario que consume 30 kw/h mes y reside en el área de concesión de EDESUR (GBA) en 2015 pagaba 5,6 veces menos que un usuario de Santa Fe por el servicio público y 2,75 veces menos que el promedio nacional.

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A partir de febrero de 2016 esa proporción descendió a 2,1 y 1,3, respectivamente. Veamos las tarifas residenciales en Sudamérica con un consumo de 30 kw/h por mes: el país más subsidiado es Venezuela (donde la escenografía del engaño también es necesaria) con 0,84 en centavos de dólar; está tercera la Argentina con 5,77, Colombia, décimo con 5,89; Brasil décimo segundo con 6, Perú 12,37, Chile 15,80 y Uruguay 29,58 (creo que al lado tienen un gobierno socialista).

Saliendo de los subsidios a las personas y centrándonos en las empresas, los subsidios a la industria petrolera son escandalosos: mientras el precio internacional del barril de petróleo bajó a 45 dólares promedio, somos el único país en el mundo que les reconoce un precio de 77 dólares: 32 dólares más por barril.

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Calculado sobre 195 mil millones de barriles, estos subsidios rondan los 6.500 millones de dólares, a los cuales se suman otros 1.500 millones en concepto de subsidios al gas.

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En total, son 8 mil millones de dólares que este Gobierno heredó del modelo K y, hasta ahora, no se propone siquiera cuestionar.

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Hoy el Gobierno está empantanado a mitad de camino: un tercio de la luz y dos tercios del gas, habiendo pagado el costo político de ciento por ciento en ambos.

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En off sostienen que el problema tardará seis años en resolverse completamente, y proyectan aumentos en enero y noviembre del año próximo: mucho antes e inmediatamente después de las elecciones, claro.

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Justicia Legítima, por su parte, funciona a pleno con la estrategia del judo: transformar la debilidad del otro en su propia fuerza.

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Y el Gobierno se desespera ante el próximo pronunciamiento de la Corte: si hay que devolver lo que ya se cobró, ¿a que no saben quiénes terminaremos poniendo la plata? ¿Será anormal pensar en un país donde la tarifa de la luz y el gas sea pública, sepamos cómo está compuesta, esté controlada por los organismos de control (perdón, no es una redundancia), y puedan advertirse costos ficticios si los hay? Iba a terminar diciendo que los servicios públicos, aunque privados, deben dar información pública.

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Es así, aunque suene original.

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