El Gobierno de Perú creó el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) para recaudar el pago de las reparaciones civiles de empresas sentenciadas o que hayan aceptado su responsabilidad en actos de corrupción, según un decreto de urgencia publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

 

 

 

Tal como adelantó ayer el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el fondo forma parte de una serie de medidas para evitar la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y ?la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país?, como consecuencia de actos de corrupción de empresas concesionarias o contratistas.

 

 

 

Las medidas se aprobaron a raíz de los millonarios sobornos admitidos por la empresa brasileña Odebrecht entre 2005 y 2014 en un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente con orden de detención, de Alan García (2006-2011) y de Ollanta Humala (2011-2016).

 

 

 

Los fondos del fideicomiso se mantendrán en las cuentas bancarias del patrimonio fideicometido y servirán para atender el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado que establezcan los órganos jurisdiccionales mediante resoluciones consentidas y ejecutoriadas.

 

 

 

El Ministerio de Justicia debe pedir al Procurador Público la cifra que corresponda por reparación civil por concepto de daños y perjuicios.

 

 

 

Los fondos serán intangibles e inembargables, y estarán administrados por el Banco de la Nación.

 

 

 

Además, el decreto de urgencia aprobó la suspensión del derecho de realizar transferencias al exterior de cualquier persona o representante de empresa sentenciada por corrupción o que haya admitido la comisión de los delitos contra la administración pública, lavado de activos o sus equivalentes.

 

 

 

La suspensión se extiende a los capitales de las inversiones en el país, venta de activos y acciones, reducción de capital o liquidación parcial o total de empresas.

 

 

 

Asimismo, la transferencia del íntegro de los dividendos o las utilidades provenientes de su inversión.

 

 

 

En el caso de que las transferencias respondan al pago de deudas de acreedores o que puedan afectar el valor de las concesiones en Perú, deberán ser aprobadas por el ministerio de Justicia.

 

 

 

La norma también ha incluido los procedimientos para la adquisición de acciones o derechos de las personas comprometidas en estos delitos, y la retención de importes a ser pagados por el Estado a las personas imputadas o consorcios en las que participen hasta por un monto equivalente al promedio del margen neto de ganancia, después de tributos, de los últimos cinco años.

 

 

 

Kuczysnki declaró ayer el Estado peruano no volverá a contratar a la constructora brasileña Odebrecht y le obligará a cumplir con sus deudas en Perú antes de transferir sus recursos al exterior, en un mensaje televisado a la nación.

 

 

 

El jefe de Estado anunció también la inclusión en todos los contratos del Estado de una cláusula anticorrupción, de modo que la concesión de cualquier proyecto se cancele y regrese al Gobierno si se comprueba que la empresa o consorcio concesionario incurrió en delitos de corrupción para obtener la licitación.

 

 

 

El expresidente Toledo, sobre quien pesa una orden de captura, es la primera gran figura de la política peruana inculpada en este caso, al supuestamente haber cobrado 20 millones de dólares en sobornos a cambio de adjudicar a Odebrecht la Carretera Interoceánica del Sur.

 

 

 

 

Fuente: Banca y Negocios

Por Confirmado: Gabriella Garcés

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© Alberto Ignacio Ardila Olivares

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