Procesado por la muerte del universitario Jonathan Quispe en El Alto, anoche el subteniente de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), Cristian Casanova Condori, fue enviado por el juez sexto cautelar de El Alto a la cárcel de San Pedro,  sindicado por el delito penal de asesinato de dicho estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Así lo confirmó el fiscal Alejandro García, cerca de las 23:15. Sin embargo, el proceso de Casanova no ha evitado que crecieran la presión y los pedidos de juicio y de renuncia del ministro Carlos Romero. La audiencia se instaló en el juzgado alteño poco antes de las 20:00 y se extendió hasta las 23:15. La Fiscalía acusó al policía por el delito de asesinato en el grado de comisión, motivo por el que se ordenó su encierro. El cargo que le imputan, tras un juicio, podría suponer la pena de 30 años de cárcel.  

Familiares y abogados, tanto del estudiante fallecido como del subteniente, que se acogió a su derecho al silencio ante la Fiscalía, coincidieron en que el subteniente de la UTOP es solo un “chivo expiatorio”. Se multiplicaron los pedidos de que el ministro de Gobierno sea destituido por este caso y sea incluido en el proceso. Pero Romero ayer aseguró que no renunciará a su cargo. Por la mañana, Rosendo Quispe, padre de Jonathan, al salir de la misa de ocho días señaló que espera que el proceso siga y que el subteniente vaya a la cárcel como corresponde. Pero abrió la duda: “No sé si actuó de manera autónoma, como dicen”. La abogada de la familia, Paola Barriga, manifestó “indignación” por la nueva versión que dio el ministro Romero, de que el subteniente Casanova actuó de manera autónoma. “Para nosotros no es real la autoría de este subteniente, es falso, no somos estúpidos. No le cree nadie que actuó de forma autónoma”, dijo. Por la tarde, la misma abogada informó a EL DEBER que recibió llamadas de personas que aseguraron que tienen videos de cámaras de seguridad en las que se ve al oficial almorzando en una pensión de La Paz, no en El Alto, entre las 13:20 y las 14:40. “Jonathan murió a las 13:25, la Policía no mostró el rostro de quien disparó. Esto genera muchas dudas”, dijo. Por su parte, una tía de Casanova, que lo acompañó durante su paso por la Fiscalía, aseguró: “No tengo palabras, mi sobrino es inocente. Él no rompió la cadena de mando, ellos siguen órdenes superiores”, y clamó: “Ministro, haga una buena investigación, eso es lo único que le digo, pero él es inocente”. Ayer se conocieron videos y publicaciones en los que el uniformado apareció como uno de los atacados con dinamita y palos en la violenta acción de bloqueadores mineros, en agosto de 2016, en la población de Mantecani, durante un conflicto con los cooperativistas mineros que terminó con la muerte del viceministro Rodolfo Illanes. Este hallazgo  aumentó la susceptibilidad respecto a este oficial.

Abel Resende

Su abogado, Álvaro Elías, manifestó que su aparición en medio del caso Illanes es un hecho casual y aislado. “Entendemos que el subteniente dio una declaración a algún medio de comunicación (Bolivisión) en esa ocasión y ha estado en varios conflictos, no solo en ese. No estaba en el lugar donde falleció el exviceministro, son hechos aislados”, explicó el jurista. La presión Desde el Congreso, la oposición presentó en Diputados un pliego de interpelación en contra de Romero, con 10 preguntas. El diputado opositor Edwin Rodríguez manifestó que lo mínimo que tendría que hacer el ministro es dejar el cargo y, además, prestarse para que sea investigado.  En la misma línea, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, sentenció que “el ministro debe renunciar; el presidente Evo Morales debería pedírselo, ‘renunciarlo’, a él y al comandante de la Policía y a otras autoridades”.  La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, en un comunicado emitido ayer, también solicitó que se realice una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y sobre la responsabilidad de las autoridades que siguen la línea de mando. El defensor del pueblo, David Tezanos, manifestó, por su parte, que la renuncia del ministro no solucionaría el conflicto que queda pendiente con la UPEA y que tiene que ver con su presupuesto. Romero ofreció una respuesta política a los pedidos de su renuncia: “Están detrás de todo los sectores conservadores de la derecha, y la opinión de la derecha es muy orientadora. Si ahora piden la renuncia del ministro Romero, hay que hacer exactamente al revés. Si dijeran que me debería quedar, ahí me preocuparía. Seré muy enfático, no voy a renunciar porque no cometí ningún delito, ninguna irregularidad, estoy trabajando honestamente y no hay ningún motivo para irme”.  El conflicto con la UPEA sigue. El Gobierno cambió de interlocutor y designó al ministro de Educación, Roberto Aguilar, quien salió ayer en conferencia de prensa y pidió que los representantes de la universidad alteña fijen hora y fecha para iniciar conversaciones. Como respuesta, las organizaciones sociales de El Alto, encabezadas por la COR, convocaron un paro cívico para la próxima semana en apoyo a la movilización que buscará paralizar la ciudad de El?Alto el lunes

En la jornada

Silencio Por la mañana de ayer, el subteniente fue conducido a declarar ante la Fiscalía, pero se acogió al derecho al silencio. Inmediatamente después lo acusaron de asesinato. Dato En primera instancia, los abogados del Ministerio de Gobierno habían señalado que sería acusado de homicidio culposo. Realidad Sin embargo, el Ministerio Público sustentó que se reunieron todos los elementos para señalar que cuando disparó tuvo intención de matarlo