Cuestionada por abogados laboralistas, las dos CTA, el kirchnerismo y partidos de izquierda, la decisión de la Corte Suprema de atribuirles sólo a los sindicatos el derecho de declarar las huelgas y otras medidas de acción directa fue bien recibida por el Gobierno .

En la Casa Rosada negaron que el fallo limite la libertad de los trabajadores para reclamar y que los alcanzados por un convenio colectivo estarán amparados por el ministerio del área, más allá de estar afiliados o no a un sindicato. En el marco del ajuste, las dificultades económicas y la situación de fragilidad laboral reconocida por los propios funcionarios, el Gobierno impulsaba una discusión sobre el derecho a huelga en la previa a la reunión del Consejo del Salario, aunque luego diluyó la iniciativa para evitar mayores rispideces con los gremios.

“Las huelgas no las pueden decidir dos o tres personas aisladamente. Resolverlo orgánicamente es que lo resuelva el sindicato. Creo que es razonable lo que la Corte falló”, aseguró el diputado macrista Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. “Los sindicatos son los que representan a los trabajadores a todos los efectos: para discutir las paritarias, pedir aumento de sueldo o las condiciones de trabajo”, argumentó en declaraciones a radio Nacional, luego de que la Corte revirtiera los fallos de primera instancia y de la Cámara Nacional del Trabajo, que habían dispuesto reincorporar a Francisco Orellano y otros 46 empleados del Correo despedidos por participar de huelgas no avaladas por el sindicato.

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El texto firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda sostiene que “las medidas de acción directa no sólo perjudican al empleador” sino también “a los consumidores y usuarios” y que “la titularidad del derecho a declarar una huelga pertenece a un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes, no al trabajador en forma individual ni a cualquier grupo de trabajadores”. Y que en el segundo párrafo del artículo 14 bis de la Constitución, que garantiza el derecho a huelga, “el término gremios ha sido empleado como exclusivamente alusivo a las asociaciones sindicales”. Las llamadas simplemente inscriptas ante el Ministerio de Trabajo están incluidas.

“Es lo que contempla históricamente el marco legal argentino”, buscó un funcionario quitarle trascendencia al fallo, con acotada repercusión en la Casa Rosada. El ministro Jorge Triaca y Ezequiel Sabor -secretario de Trabajo- viajaron a la Asamblea General de la OIT en Ginebra. “Los trabajadores alcanzados por un convenio colectivo están representados por un sindicato, sean o no afiliados. Y los que tengan diferencias con el gremio van a estar amparados por el Ministerio”, negó en privado otro funcionario que el pronunciamiento de la Corte limite el derecho al reclamo.

Sin embargo, apenas se conoció el fallo acumuló fuertes cuestionamientos de la Asociación de Abogados Laboralistas, las dos CTA, Héctor Recalde -jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria-, el moyanista Omar Plaini y referentes del Partido Obrero, el PTS, el MST y Unidad Popular, entre otras organizaciones: advirtieron que restringe derechos, que las huelgas podrán ser motivo de despidos y que profundizará la precarización laboral.

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