El intendente de la ciudad misionera de San Vicente fue denunciado por la desaparición de seis millones de pesos que estaban destinados a la construcción de viviendas para aborígenes mbyá. La supuesta defraudación será investigada por la Justicia Federal porque los fondos fueron girados por la Secretaría de la Vivienda de la Nación.

El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAYS) Héctor Bárbaro y la concejal Clelia Carballo  responsabilizan de la maniobra al intendente Waldomiro Dos Santos , quien fue reelecto el año pasado por el oficialista Frente Renovador (que allí no tiene relación con el massismo).

El legislador estableció que el Gobierno Nacional remitió a San Vicente 23.882.400 pesos para la construcción de 124 casas en aldeas mbyá de ese municipio, pero sólo se contabilizaron 104 edificaciones, en su mayoría sin terminar y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable o instalaciones sanitarias.

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La construcción fue realizada por varias cooperativas de trabajo manejadas por empleados municipales y familiares de Dos Santos o funcionarios comunales . Curiosamente, todas esas cooperativas tienen un mismo apoderado legal.

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La desaparición del 25% del presupuesto también salpica al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), intermediario en la remisión de los fondos nacionales. Desde ese organismo buscaron encubrir el faltante , de acuerdo con la denuncia que realizó Bárbaro.

En un informe remitido al legislador, el IPRODHA sostuvo que sólo habían llegado de Nación 17 millones de pesos para las casas, pero los balances municipales registran el ingreso de la totalidad de los fondos . “La plata llegó completa y en tiempo”, sostuvo Bárbaro. Para el diputado, “desde un primer momento se tomó la decisión de hacer menos casas por la misma cantidad de dinero”.

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“Existen elementos suficientes para sospechar que en la ejecución del programa se cometieron delitos contra la administración pública “, señala el escrito presentado ante la Fiscalía Federal.

En la denuncia el diputado también señaló que “se suma la necesaria investigación sobre los vínculos del intendente con las cooperativas de trabajo que tenían a su cargo la ejecución de las obras”.

Las irregularidades ya habían sido denunciadas por el cacique de la aldea de Fracrán ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, responsable de controlar las rendiciones de los municipios.

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